La jueza María Servini ordenó la liberación de 11 de las 16 personas que seguían detenidas por los incidentes ocurridos fuera del Congreso durante el debate de la Ley Bases en el Senado. Sin embargo, e viernes ya habían sido excarcelados 17 manifestantes.
De esta manera sólo quedan cinco detenidos, de los 33 que habían sido apresados en los alrededores del Congreso. Ahora se encuentran procesados, bajo prisión preventiva.
Se trata de Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, y Gabriel Famulari.
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A su vez, dictó la prisión preventiva para quienes siguen detenidos: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.
Los liberados se suman a los 17 que ya habían sido dejados en libertad en la madrugada del sábado, tras tomarles declaración indagatoria.
Pese al pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien había solicitado que recapturaran a 14 de los 17 liberados durante el fin de semana por la “gravedad de los sucesos investigados”, Servini decidió actuar de manera contraria y avanzó con la excarcelación de 11 personas más. El fiscal había argumentado que todavía estaba pendiente el análisis de celulares y de los registros fílmicos.
El fiscal Stornelli utilizó un conjunto de calificaciones legales para pedir la prisión de los acusados. Enumeró que, en principio, las conductas investigadas se tipifican en los delitos previstos y reprimidos por los artículos 89 (lesiones), 183 (daños simples como agravados de conformidad con el art. 184 inc. 5), 186 (incendio u estrago), 189 bis (delitos contra la seguridad pública), 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones), 213 bis (organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor), 226 (delito contra los poderes públicos y el orden constitucional), 237 (atentado contra la autoridad -en este caso, agravada conf. Art. 238 incs. 2 y 4), 239 (resistencia a la autoridad) y/o 241 (perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos), con el posible agravante del artículo 41 quinquies, todos ellos del Código Penal de la Nación.
Jorge Macri ratificó la decisión que tomó la Ciudad para pagar los destrozos en el Congreso
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este martes que la Ciudad demandará a los manifestantes detenidos por los incidentes de la semana pasada en los alrededores del Congreso, mientras la Cámara de Senadores debatía la Ley Bases y el paquete fiscal.
“Estamos reclamando en causas civiles, que van paralelo a la penal porque los daños económicos se reclaman, en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve”, dijo el jefe de Gobierno porteño.
En ese sentido, agregó: “Gastamos $278 millones, sumado a otros $21 millones entregados a siete comerciantes por los destrozos y robos a sus locales”.
Durante su conferencia de prensa, en la presentación de las nuevas obras del Plan Hidráulico, Macri apuntó contra los detenidos: “Una cosa es cometer delitos y otra tratar de buscar que se suspenda una sesión”, en referencia al tratamiento de la Ley Bases en el Senado, que la semana pasada tuvo media sanción, al igual que el paquete fiscal.