La investigación que involucra al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se encuentra al borde de un nuevo capítulo decisivo. El juez federal Sebastián Casanello concluyó la etapa de instrucción del caso y solicitó a la fiscalía y a las querellas su opinión sobre la viabilidad de elevar la causa a juicio oral, tras la confirmación de los procesamientos por la Cámara Federal porteña la semana pasada.
La causa, que también implica a otros 17 acusados, se centra en delitos graves como administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión, con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. Según el expediente, Belliboni habría participado en el desvío de fondos públicos destinados al programa Potenciar Trabajo, gestionados a través de convenios entre el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y las organizaciones Polo Obrero y El Resplandor.
Modus operandi cuestionado
La acusación detalla que los beneficiarios del programa eran presionados para cumplir exigencias ajenas a los objetivos del plan bajo amenaza de perder la ayuda estatal, un esquema que, según la Cámara Federal, excede el simple desvío de recursos. "Nos encontramos ante una modalidad coactiva, repetida e institucionalizada por la organización Polo Obrero", sostuvo el tribunal en su resolución.
El juez Casanello, en tanto, destacó la necesidad de avanzar con celeridad para cumplir con lo dispuesto por la Cámara y concentrar esfuerzos en otras líneas de investigación. Estas apuntan a posibles responsabilidades de exfuncionarios del gobierno anterior en el entramado de irregularidades.
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Próximos pasos
Si la fiscalía y las querellas consideran que la causa está lista para juicio oral, el sorteo de un tribunal será inminente. Este podría determinar el futuro del líder piquetero y de los demás involucrados, en un caso que promete marcar un precedente sobre el manejo de fondos sociales y las prácticas coercitivas en organizaciones sociales.
Mientras tanto, las miradas están puestas en el impacto político y social de una causa que expone las tensiones entre el Estado, las organizaciones populares y la administración de los programas destinados a combatir la pobreza.