“Me preocupa más El Resplandor, porque ahí cobran compañeros de Capital, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos la plata que entra?”. El 27 de marzo pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei ya había puesto la lupa sobre el funcionamiento irregular de algunas cooperativas en la gestión de Alberto Fernández, Elizabeth Carmen de Palma, presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero, le manifestaba su preocupación a Jeremías Cantero, una de las cabezas en la coordinación de comedores de esa agrupación. Para esa altura, el fiscal Gerardo Pollicita ya los había puesto bajo la lupa y estaba siguiendo sus movimientos. Pero tras los allanamientos y la prueba encontrada, el juez Sebastián Casanello no sólo admitió llamarlos a indagatoria a ellos sino también a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien no estaba en lista original de imputados por la fiscalía.
¿Qué convirtió a Belliboni en uno de los nuevos implicados en la causa? La sospecha de facturación trucha y el dibujo de gastos, según dejó plasmado el juez Casanello al describir los hechos que le serán leídos a Belliboni y al resto de los imputados cuando tengan que enfrentar la indagatoria.
Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, Belliboni pasó a ser parte de uno de los investigados en la causa porque firmó convenios ante el Ministerio de Desarrollo Social (hoy convertido en Capital Humano) en donde asumía una serie de obligaciones como unidad de gestión del dinero que repartía el Estado Nacional. Como unidad de gestión también recibía dinero para poder ejecutar esa ayuda social, como poner un taller o un comedor.
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Pero los investigadores notaron que en esos movimientos aparecían “gastos dibujados” y usinas de lo que se sospechan son facturas truchas. Son dos las firmas sospechadas: Rumbos y Coxtex. “Rumbos era aportante del Partido Obrero. Coxtex figura en un lugar inexistente”, subrayaron las fuentes.
El dinero que reciben las agrupaciones, se explicó, se podía destinar a maquinaria o vestimenta y debía ser rendido a las autoridades nacionales. De acuerdo a los investigadores judiciales, en base a lo informado en los registros administrativos, el dinero entregado al Polo Obrero sólo se habría justificado en un 30 por ciento (algo que desde el Polo Obrero desmienten).
Desde el Polo Obrero sostienen que el Gobierno los ha elegido como enemigos. “El Gobierno me quiere preso porque le molestamos”, dijo Belliboni .
Las fuentes judiciales también notaron que las descripciones que hacía el Polo Obrero, en relación a otras asociaciones que eran muy detalladas en su reporte de facturación, era más vaga. “Se hablaba de vestimenta pero eran pecheras del Polo Obrero”, deslizó uno de los investigadores.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas “Asociación Polo Obrero” y “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo’”, sostuvo el juez Casanello.
El magistrado hizo hincapié en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
Según el análisis de Casanello, esa maniobra “se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”. Las exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad, afirmó.
En su dictamen, Pollicita también había dado pistas del funcionamiento irregular del manejo de dinero, más allá de las acusaciones de extorsión a los beneficiarios de planes sociales. El 14 de mayo, Infobae detalló los diálogos evaluados por la fiscalía en donde se señalaba: “Hoy vienen del Gobierno, no manejemos ni hagamos movimientos con dinero”. Ahí el fiscal hablaba de la hipótesis de lavado de dinero.
En ese dictamen, aparece el nombre de tres cooperativas. Una de ellas era “El Resplandor”, en donde el Polo Obrero recibiría fondos de las “cápitas” sin registrar contablemente. Para los investigadores, ambos “conocían el origen presuntamente ilícito de los fondos”.
Pero después Palma habla con otra persona, aún no identificada. Y ahí aparece el siguiente diálogo: “A mí me preocupa, primero que todo, El Resplandor, porque ahí hay compañeros que cobran lo de Veredas Limpias, que igualmente me parece que es la más limpia de todas (…) y después también me preocupan las otras, porque por más que vos digas que no son Asociación Civil Polo Obrero tiene la dirección de acá, de la Asociación Civil Polo Obrero”, dice Palma.
-”No nos van a meter en cana. Nos van a dar de baja las cooperativas y yo no sé cómo carajo vamos a hacer”, le contesta una persona aún no identificada.
-”Nos pueden investigar por lavado de plata, te doy un ejemplo (…). Lo que podemos tener, es las cosas legales correctas”, dice la mujer.
-”Sí… hay que ver hasta qué punto. Lo más correcta que se pueda”, le responden.
-”Me preocupa más El Resplandor, porque ahí cobran compañeros de capital, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos la plata que entra?”, se preguntó.