El Gobierno Nacional reconoció ayer, en palabras del vocero Manuel Adorni, que tiene almacenados cinco millones de kilos de alimentos en galpones del Ministerio de Capital Humano y que todavía no se distribuyen dado que se están investigando presuntas irregularidades en comedores.
Uno de los depósitos donde se encuentran los alimentos, está ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli. A través de las imágenes captadas, desde el orificio de un portón, se pudo ver bolsones apilados que, al parecer, contenían comida y esperaban a ser distribuidos.
"No podemos hablar", fue la respuesta que recibió desde adentro del recinto el periodista Gabriel Prósperi cuando intentó contactar a alguna fuente para que aportara alguna información al respecto.
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"Adorni confirmó que la mercadería corresponde a la gestión anterior (la presidencia de Alberto Fernández). Lo preocupante es que lleva más de cinco meses en los depósitos y tiene fecha de vencimiento", indicó el economista Hernán Letcher en Buenos Días América.
El Gobierno negó que estén por vencerse los alimentos que no se entregan a comedores
El vocero Manuel Adorni ayer, en conferencia de prensa, negó que los alimentos retenidos estén por vencerse y explicó que están allí por las auditorías que hizo la ministra Sandra Petovello.
"Un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, justificó el funcionario.
Luego aclaró que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, sin dar mayores precisiones.
“Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, acusó.
Denuncia por Acopio de Alimentos en Galpones de Villa Martelli
El vocero del Gobierno justificó el acopio de alimentos alegando que la administración anterior los entregaba a comedores inexistentes o fraudulentos. Sin embargo, allegados a Pettovello ofrecieron una explicación distinta: “Están guardados para situaciones extraordinarias, como catástrofes o inundaciones”, afirmaron. Al ser consultados sobre la posible redistribución de estos alimentos, en respuesta a la presión de organizaciones que denuncian el aumento del hambre en los barrios, la respuesta fue negativa: los alimentos seguirán almacenados e inutilizados en el mismo lugar.
En este contexto, Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, anunció en una carta abierta que ampliará la denuncia penal contra Pettovello, acusada de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó una “inspección ocular” de la justicia en uno de los galpones donde se guarda la mitad de la comida (unos 2.751.653 kg de alimentos) en los exgalpones de Pepsico, en Villa Martelli.
La inspección busca verificar no solo el estado de los alimentos (Capital Humano niega que estén en descomposición) sino también confirmar su presencia efectiva. Existe la sospecha de que los productos podrían haber sido desviados. “El hecho de tener comida en depósitos del Ministerio de Capital Humano es una inmoralidad en una Argentina con más del 50% de pobreza y una ilegalidad manifiesta. No es posible que, mientras las organizaciones civiles denuncian falta de asistencia alimentaria y los indicadores económicos marcan un descenso sin precedentes en el consumo de carnes y lácteos, el Ministerio de Capital Humano acumule mercancías sin un fin claro”, señala el escrito presentado por Grabois y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Grabois también exigió celeridad en las dos presentaciones judiciales contra Pettovello. La investigación penal está a cargo del juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, mientras que el amparo colectivo para desbloquear los alimentos está bajo la jurisdicción de Walter Lara Correa, del fuero administrativo. “Es hora de que tomen una decisión concreta”, instó Grabois. “Algunos deberían pasar dos días sin comer para entender lo que es el hambre”, añadió.
En paralelo, avanza la causa que el Gobierno impulsó contra las organizaciones, a cargo del juez Ariel Lijo. Pettovello ratificó ante la justicia que “casi la mitad” de los comedores desde donde las organizaciones distribuían alimentos “no existen”. Sin embargo, algunos lugares de esa lista, como “El Principito” en San Martín, son reales: el diputado Leo Grosso se filmó comiendo en dicho comedor, que estaba lleno de gente. Las organizaciones aseguran que estos casos se replican en todos los barrios y califican la auditoría de la ministra como “poco rigurosa”.
Mientras tanto, la distribución de alimentos por parte de Pettovello está mayoritariamente a cargo de Cáritas y la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), a la que la ministra asignó 177 millones de pesos en febrero. El titular de ACIERA, Christian Hooft, admitió no tener la estructura para repartir los bolsones y recurrió a la ayuda de organizaciones sociales.
Según datos difundidos por El Destape, en los galpones de Martelli y Tafí (Tucumán) se almacenan 3.146.707 kilos de yerba mate, 1.173.815 kilos de leche en polvo, 137.796 kilos de puré de tomate, 81.148 kilos de garbanzos y 13.629 kilos de arroz con carne, entre otros productos. Las organizaciones calculan que esto podría cubrir las necesidades de unas 250 mil familias durante dos semanas.
Lorena Corral, responsable del comedor en el Centro Cultural Recreativo Evita, de la Zabaleta, comentó con ironía: “Con eso come todo el barrio”. Su merendero recibe unos 100 kilos de leche en polvo al día, cuatro días a la semana, para alimentar a unos 730 niños. Con la cantidad de leche acopiada, podrían ofrecer meriendas durante 32 años. Lorena protestó este jueves frente a las oficinas de Capital Humano: “Nosotros recibimos alimentos de la Ciudad y donaciones, pero muchos comedores en el barrio están cerrando porque no tienen nada que ofrecer y la situación empeora cada día”.
Gramajo, otra líder comunitaria, añadió: “Estamos viendo violencia en los comedores, algo inédito y preocupante. La gente se pelea por un plato de comida. Esto ocurre en la Capital Federal. El Gobierno debe recapacitar”.