El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal tras una investigación que dio a conocer que el 50% de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, nunca fueron organizaciones con datos reales o directamente no funcionan más. Se trata de un programa creado durante la pandemia, en la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Los datos surgen de las auditorías que realizó la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello y en este caso surgieron del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM).
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De ahí surge la investigación contra el programa de comedores, presentado el 8 de enero de 2020 como un plan nacional para garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables.
Según las denuncias del Ministerio de Capital Humano, el proceso constaba de tres pasos: en un primer lugar la preinscripción; en segundo lugar la validación; y finalmente la matriculación.
Esta última etapa matriculaba por un lapso de dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, es decir, en 2022 aproximadamente. Si el comedor o merendero no era validado, no debía seguir formando parte de los beneficiarios. Sin embargo, tras una auditoría de esa cartera, la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, explica la presentación judicial.
El Gobierno asegura que solo pudo relevar la mitad (52,3%) de todos los comedores que aparecen en el RENACOM y que el restante 47,7% no pudo ser relevado, dado que son catalogados como “inexistentes” por distintos motivos.
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Según la presentación judicial, el 32% de los comedores no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16% declaró una dirección en la que nunca funcionó un comedor/merendero. Por tal motivo, la actual gestión denunció el incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública.