El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró este martes ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta contra el estado por el uso de facturas falsas desde la organización.
Acompañado por sus defensores y colaboradores, Belliboni rechazó responder preguntas del juzgado y del fiscal Gerardo Pollicita. Repasó su trayectoria en la militancia y actividad política y dijo que nunca hubo extorsión “todo era voluntario, si hubiera sido un sistema extorsivo no habría tanta gente siendo parte del Polo Obrero”.
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Sobre las facturas apócrifas y desvío de fondos, dijo que iba a responder por escrito por tratarse de un tema “muy técnico”.
Belliboni está imputado por extorsionar a los beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que su agrupación distribuía, para que vayan a marchas y manifestaciones.
Poco después de las 10 Belliboni ingresó a Comodoro Py y se dirigió al cuarto piso, donde se ubica el despacho del juez Casanello. Durante la primera etapa de la indagatoria se le leyó la extensa imputación formulada tras una investigación complementaria que encaró el juzgado en base al dictamen del fiscal Pollicita, que había formulado la primera acusación en el caso.
En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Los convenios -celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social- estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.
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Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios “de forma infiel”.
El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión, es decir "intermediarios". Una vez que completaron ese trámite, manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.