En una presentación cargada de cifras y ajustes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, expuso el presupuesto 2025 del máximo órgano judicial ante la Cámara de Diputados, destacando que el monto otorgado es significativamente menor al solicitado. Con un recorte de 8,500 millones de pesos por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo, Garay advirtió sobre los desafíos que enfrentará el Poder Judicial, obligándolo a reacomodar sus partidas.
“El presupuesto para 2025 será de 136,500 millones de pesos, de los cuales un 38% se destinará a gastos de funcionamiento, principalmente salarios, y un 54% a inversiones en infraestructura. Sin embargo, la reducción nos ha obligado a hacer ajustes importantes en nuestras cuentas”, explicó Garay. La Suprema Corte esperaba recibir más fondos para continuar con su ambicioso plan de obras, entre las que destaca la construcción del Polo Judicial de Tunuyán, pero la menor recaudación del Ejecutivo ha afectado sus expectativas.
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Una obra estratégica en pausa
La obra del Polo Judicial de Tunuyán, clave para la cuarta circunscripción, se mantiene como uno de los proyectos más importantes del Poder Judicial. Con una inversión proyectada de más de 5,000 millones de pesos, el polo albergará dos edificios que centralizarán servicios como el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Pupilar.
“Es una obra crucial para brindar acceso a la justicia en la zona, pero los recortes presupuestarios podrían impactar en el ritmo de su construcción”, advirtió Garay. Este complejo, cuya primera etapa está prevista para 2025, representa el 70% de las inversiones en infraestructura que maneja la Corte.
Innovación en tiempos de ajuste
A pesar de las restricciones, la Suprema Corte no renuncia a su compromiso con la modernización del sistema judicial. Garay adelantó que se seguirán implementando mejoras en áreas clave, como el fuero civil, y que se invertirá fuertemente en equipamiento tecnológico. Sin embargo, subrayó que gran parte de la innovación vendrá del reordenamiento interno y de la optimización de los recursos disponibles.
“Estamos impulsando un concurso de innovación con un fondo de 14.000 dólares, para que empleados y abogados independientes puedan presentar proyectos que mejoren el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema”, reveló el presidente. La Corte busca con este concurso generar soluciones innovadoras en un contexto de austeridad.
Convenios laborales: un desafío pendiente
Otro de los puntos clave de la presentación fue el estado de las negociaciones con los gremios del Poder Judicial. Según Garay, se están manteniendo reuniones para actualizar la ley 4322, vigente desde los años 50, que regula las condiciones laborales en el sector judicial.
“El convenio colectivo de trabajo es una necesidad urgente para adecuarnos a las demandas actuales del personal, especialmente en términos de escalafón y movilidad. Tenemos muchas vacantes que requieren conocimientos tecnológicos, y eso debe reflejarse en los nuevos esquemas laborales”, sostuvo Garay. Si bien se han realizado avances, la implementación total del convenio aún enfrenta incertidumbres. El plazo autoimpuesto por las partes para finalizarlo es de seis meses, aunque Garay expresó cautela sobre la posibilidad de cumplirlo.
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Expectativas económicas para el 2025
A pesar del panorama complicado, Garay se mostró esperanzado en que la mejora de la economía en 2025 permita solicitar nuevos fondos para continuar invirtiendo en la infraestructura judicial. “Esperamos que la actividad económica nos dé un respiro el próximo año, y que podamos volver a solicitar los fondos necesarios para seguir avanzando en nuestra agenda de modernización”, afirmó.
Mientras tanto, el Palacio de Justicia ajusta sus cuentas, confiando en que el futuro les permitirá retomar su ambicioso plan de mejoras y continuar ofreciendo un servicio de justicia de calidad a la ciudadanía.