El juez federal Eduardo Puigdéngolas y el diputado Pablo Tonelli, quien lidera la investigación contra Walter Bento en el Consejo de la Magistratura, ya tienen en sus manos un informe clave para la megacausa que sacudió los ámbitos políticos y judiciales de la provincia.
Se trata del análisis contable que el perito Walter René Chiquiar, de la UBA y la Universidad de Quilmes, realizó sobre los bienes de Bento y su familia. El titular del juzgado federal 1 de Mendoza, con competencia electoral, está acusado de liderar de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a acusados en causas por graves delitos federales. Con procesamiento confirmado, solamente sus fueros evitan que esté tras las rejas.
Ese informe contable tiene más de 550 páginas y, de acuerdo con lo que trascendió en el organismo que controla y sanciona a los magistrados, refleja algunas inconsistencias en las cuentas de Bento. Además, Chiquiar habría dejado en claro que le faltó documentación para sacar conclusiones importantes sobre el patrimonio del juez.
"Generalmente, juega en contra del auditado que un perito destaque en su informe que le faltó información, datos y documentos", indicó un experto contable a El Sol.
El análisis del perito contable fue protegido para evitar posibles filtraciones. Por ese motivo, el archivo está encriptado, lo que permite que se le pueda realizar un seguimiento digital.
¿Fin de la protección?
Desde el inicio de la investigación, Bento contó con cierta protección en el Consejo de la Magistratura, fundamentalmente por parte de los integrantes ligados al kirchnerismo. Esa situación, que provocó considerables demoras y dilaciones en el proceso, se revirtió y ahora existiría consenso entre oficialistas y opositores para avanzar con un juicio político en contra del juez. Hasta ya se menciona que en un plazo de dos meses podría ser suspendido, si no renuncia antes.
"A esta altura de los acontecimientos sería muy raro que algún consejero se la siga jugando por Bento", comentó una fuente conocedora de los movimientos del Consejo de la Magistratura. "Diferente es la situación del camarista (Alberto) Lugones, que es amigo personal de Bento, aclaró.
El aumento de la presión para acelerar la investigación sobre Bento coincidió con la conformación del "nuevo" Consejo de la Magistratura, que pasó de 13 a 21 miembros y ahora es presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti.
Incluso en la primera decisión del organismo con la integración ampliada, tomó por unanimidad la decisión de apartar a Bento del concurso para cubrir una vacante en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte.
El expediente contra el juez federal se inició en junio del año pasado y un año después sigue frenado en la Comisión de Disciplina, que preside la senadora María Inés Pilatti de Vergara (Frente de Todos). Y Tonelli, que encabeza la Comisión de Acusación, insiste para que recaiga en sus manos para seguir avanzando con la investigación.
Ese pase ocurriría en las próximas semanas. Mientras tanto, con el informe del perito contable en su poder, Tonelli prepara un dictamen, que presentará apenas termine la feria de julio, para citar al juez e invitarlo a que haga su defensa.
Según publica el diario La Nación, se estima en dos meses los consejeros podrían votar -primero en la Comisión de Acusación y luego en el plenario- la suspensión de Bento y la promoción de su juicio político, para el que se requieren los votos de los dos tercios de los consejeros. De ahí la necesidad de un acuerdo entre oficialistas y opositores.
De todas maneras, consejeros de distintos estamentos especulan con la posibilidad de que Bento, acusado de un crecimiento injustificado de su patrimonio y del supuesto cobro de sobornos, renuncie antes.