La tensión entre el oficialismo y la oposición encontró este martes un nuevo punto de ebullición. En una jornada inesperadamente favorable para los bloques no alineados con el Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, la criptomoneda impulsada mediáticamente por el propio presidente Javier Milei y cuyo comportamiento en el mercado despertó sospechas de manipulación y presunta estafa.
A la par, también se votó la interpelación de cuatro funcionarios clave: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva. Todos deberán comparecer ante la Cámara el próximo 22 de abril a las 14 horas.
La medida se tomó mediante proyectos de resolución —lo que evita su paso por el Senado— y marca un duro revés político para el oficialismo, que venía de controlar el ritmo legislativo gracias a la fragmentación opositora. Esta vez, las piezas cayeron de otro modo.
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El voto que lo cambió todo
El quórum estuvo en vilo hasta el último minuto. La clave estuvo en la decisión de sectores tradicionalmente dialoguistas como Encuentro Federal, con sus cuatro diputados cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, y otros jugadores que sorprendieron al ocupar sus bancas.
Entre ellos, Jorge Ávila, cercano al mandatario chubutense Ignacio Torres, y los cuatro diputados catamarqueños de Unión por la Patria que habían faltado en sesiones anteriores. A ellos se sumaron radicales como Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta, quienes redondearon el número mágico de 129 presentes.
Desde ese momento, el tablero cambió.
¿Qué se investiga?
El caso $Libra irrumpió en la agenda cuando el propio presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para elogiar públicamente la criptomoneda, lo que generó un pico especulativo en su valor. Días después, la caída fue estrepitosa. Para la oposición, el episodio tiene todas las características de una maniobra de pump and dump, con un agravante: fue alentada desde la cuenta oficial del mandatario.
Aunque aún no hay imputaciones judiciales, los diputados opositores consideran que el Congreso no puede mirar para otro lado.
“No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”, advirtió Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.
En sintonía, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) sostuvo que los funcionarios deben responder “en función de lo que el Congreso les requiere, no cuando y cómo se les ocurra”.
Francos, en la mira
Desde el Ejecutivo intentaron anticiparse a la jugada. Anunciaron que Guillermo Francos concurrirá el 23 de abril a brindar su informe de gestión, donde —según afirmaron— contestará preguntas sobre el tema $Libra. Pero la oposición decidió no esperar.
En una modificación clave del texto aprobado, se fijaron dos fechas límite:
- El 15 de abril, la Presidencia de Diputados deberá informar la conformación de la comisión.
- El 23 de abril, deberá realizarse su reunión constitutiva.
La interna opositora: Milei y Karina quedan afuera
Aunque hubo consenso para citar a los ministros, no se logró acuerdo para interpelar al presidente Milei ni a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Algunos sectores temían que la jugada se interpretara como un ataque político directo y no como un ejercicio de control institucional.
“Los que pedían auditorías para las universidades y medicamentos para los abuelos, ahora se ponen nerviosos cuando el Congreso quiere investigar una estafa vinculada al Presidente. El que no se deja auditar es chorro. ¿Les suena?”, lanzó con dureza el peronista Martín Soria.
Los libertarios, en defensa cerrada
El primer oficialista en tomar la palabra fue Nicolás Mayoraz, quien denunció que la comisión “no busca esclarecer nada”, sino “armar un circo político con final anunciado”. Desde el bloque libertario calificaron la movida como un acto de oportunismo, y recordaron que “la Justicia aún no se ha pronunciado”.
Desde el radicalismo, la diputada Karina Banfi también se mostró crítica, aunque con otros matices. Si bien aclaró que no están en contra de las comisiones investigadoras, dijo que “no es el momento oportuno” y que “poco se podrá averiguar mientras avanza la investigación judicial”.
La jornada dejó en claro que el Congreso sigue siendo un campo minado para el oficialismo, donde las alianzas se tejen sesión a sesión. Lo que parecía una minoría disciplinada terminó por convertirse en una mayoría táctica, capaz de marcarle la agenda al Poder Ejecutivo.