La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dio a conocer detalles de los alcances de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura. Se trata de la octava norma que se sanciona del paquete de 11 leyes presentado por la cartera.
Con esta nueva legislación, el Gobierno Mendoza da un paso en la reorganización del sistema penitenciario, adaptando su estructura a los desafíos actuales.
“Cuando se creó la primera ley, Mendoza contaba con solo cuatro complejos penitenciarios y alrededor de 2.600 internos. Hoy, ese número ha crecido a 22 unidades penitenciarias y más de 6.300 internos, lo que ha hecho necesario mejorar la supervisión y control”, explicó Rus.
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La Ley Orgánica del Servicio Penitenciario incorpora herramientas clave para la optimización del recurso humano y la infraestructura disponible. Entre sus principales innovaciones, se destaca la implementación de controles tecnológicos avanzados, que hasta ahora no existían, y la estricta clasificación de las personas privadas de la libertad, diferenciando entre alojamientos permanentes y transitorios, en función de las necesidades de seguridad de cada interno.
Además, la ley establece un reglamento específico para la gestión de internos de alto perfil, aquellos considerados conflictivos o de alto riesgo. Estos internos serán alojados en unidades especialmente categorizadas, con personal especializado y medidas de seguridad adicionales, que incluyen tecnología avanzada y mayor restricción de movimiento.
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El director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, señaló que esta reingeniería inteligente no solo busca mejorar la seguridad interna, sino también reducir la reincidencia y prevenir la organización de delitos desde el interior de las cárceles.