La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley de Jorge Difonso (FR-UP, por el cual se quitan beneficios a quienes usurpen tierras en la provincia de Mendoza. “Se pretende impedir el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios, a toda aquella persona física o jurídica que esté usurpando un terreno privado o estatal”, dijo el autor de la iniciativa
El texto aprobado por Diputados por 27 votos a favor (21 en contra), dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.
Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.
En la fundamentación del proyecto, Difonso sostiene que “resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas, en La Plata, La Matanza, San Francisco, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz”.
“Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas”, añade el diputado.
La intención, sostiene en los fundamentos, es “no sólo la pronta sanción de la presente Ley, sino también la pronta difusión por medios masivos de comunicación de que en Mendoza ya se está previendo el avance de esta modalidad de toma de tierras, por lo que a fin de evitar problemas mayores, es dable anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen que este método de usurpación es una solución a su medida”. “Partimos de un estado de necesidad, donde hay miles de familias que no tienen casa, pero hay que hacerlo cumpliendo las normas sin atropellar a nadie”; , dijo en tanto, durante el tratamiento en el recinto.
El diputado Mauricio Torres (FR-UP), coautor de la iniciativa, señaló que “lo que pretendemos es impedir el acceso a los beneficios sociales, tributarios tanto en dinero como en especie, a toda persona física o jurídica que incurra en el delito de usurpación de terrenos privados o estatales, porque creemos que el Estado no puede subsidiar este tipo de actividades”.
Desde el bloque PRO, Álvaro Martínez indicó que apoyan esta media sanción y que “una preocupación que tengo, es esa defensa selectiva que tienen quienes se oponen a este proyecto. Decir que no es un problema de seguridad, no es entendible, habría que preguntarles a los dueños de los terreno usurpados, si para ellos no es un problema de seguridad”. Además, sostuvo que la Constitución Nacional, también protege la propiedad privada.
A su turno, Marcela Fernández (UCR), expresó que “estas sanciones, no hacen más que desalentar situaciones que en general queremos evitar. Hay en Mendoza 75.000 personas que están buscando una casa en la provincia, que hoy están pagando un alquiler, que se inscriben en los municipios, que buscan una solución institucional. ¿Qué pensarían estas familias si hay otras familias que se meten en los terrenos y el municipio les hace llegar la luz y el agua?. No es una situación que sólo pasa por la marginalidad. El Estado debe estar para todos”. “Nadie cuestiona por qué se llega a la toma de un terreno, pero hay que desalentar estas actitudes”, agregó.
Asimismo, José María Videla (FR), expuso “mi apoyo a este proyecto por una cuestión simple, cuando juramos como legisladores lo hicimos por la Constitución Nacional, que dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, por eso es que apoyo este proyecto”.
Josefina Canale (PD), destacó su apoyo porque “muchas veces se da la situación que las personas que toman un terreno no terminan siendo dueños del terreno, sino que hay detrás organizaciones que se valen de mujeres con niños, para sacar sus provechos”.
Mercedes Llano (PD), de igual forma manifestó su acompañamiento subrayando que “el Estado moderno surgió para asegurar los derechos individuales, y la propiedad privada es un derecho, la base para el desarrollo de un país. El trabajo crea dignidad, en defensa de las libertades acompañamos este proyecto. No desconocemos la grave situación habitacional, pero no hay que darle, por eso, lugar a situaciones delictivas”.
Maile Rodríguez (FIT), adelantó el voto negativo a este proyecto, al señalar que “estamos asistiendo a una situación de emergencia donde hay un déficit habitacional importantísimo”; “esta situación golpea a los sectores populares. Aquí hay una falsa dicotomía sobre lo que significa el resguardo de la propiedad privada y el derecho genuino a la vivienda. Estamos hablando de esto en el marco de una crisis habitacional y económica que hace que cientos de familia vayan a la calle. Las familias están en la calle por no poder pagar sus alquileres”.
También Germán Gómez, titular del bloque del FdT-PJ, adelantó el voto negativo de su bancada. Indicó que la iniciativa “no constituye una solución. La gente espera de la clase política otra reacción. Defendemos el derecho a la propiedad, a la vivienda digna, a las políticas que generan mejor calidad de vida”.
Agregó Gómez que “no podemos pretender resolver con este parche la situación tremenda, si la justicia no actúa, se debe ir contra los jueces. Ser implacable con la justicia que permite las usurpaciones. Tenemos que exigir a la justicia que resuelva la situación”.
De igual forma, Pablo Cairo (Protectora FP), adelantó el voto negativo señalando que “no estamos de acuerdo con la usurpación, pero esta no es la solución”. Asimismo, Mario Vadillo (Protectora LF), sostuvo que “adelanto el rechazo de este proyecto, considerando que desde la Legislatura no tenemos facultad para tratar estas temáticas. La Constitución establece el derecho a la propiedad y eso es inviolable, eso lo debemos defender, por otro lado, vemos que esta normativa, no está planteada para defender el hábitat. Nosotros tenemos que estar abocados a ver el problema de fondo que tenemos”.
Eduardo Martínez (PI), también expuso su voto negativo por considerar “que se debe hacer un abordaje integral de esta temática. Esto es punitivo y le quitara derechos a la gente”.