La medida aprobada por el Congreso salvadoreño el 26 de julio de 2023 permitirá juicios colectivos a grupos de pandilleros presos, detenidos desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el estado de emergencia, en marzo de 2022.
Según la Justicia de El Salvador, esta es una “disposición transitoria” que “busca resolver el colapso del sistema judicial por las millas de capturas durante el régimen de excepción”.
Varios organismos de derechos humanos condenaron dichos juicios colectivos porque implican una "violación de los derechos a la defensa", como señala, por ejemplo, Amnistía Internacional (AI). Expertos de Naciones Unidas señalan que esa práctica “socava el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”.
Pero, ¿qué implica el concepto de 'juicios masivos'? "A nivel jurídico, deberíamos saber exactamente de qué se está hablando. ¿Desistir de una individualización de la descripción de los hechos por parte de los imputados? ¿O de que los imputados no serán escuchados? Si realmente tienen solo cuatro o cinco minutos para hablar, como se dijo, seguramente no podrá declarar sobre aquello también que se les imputa. Eso me parece cuestionable”, dice a DW el profesor Luis Greco, catedrático de Derecho Penal Internacional de la Universidad Humboldt de Berlín. grandes cantidades de personas, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad, la Justicia sí se ha tomado tiempo”.
Juicios colectivos por crímenes contra la humanidad
"Este tipo de juicios a una gran cantidad de personas ya han tenido lugar en otros contextos", dice Greco. En el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, o el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, por crímenes de guerra y contra la humanidad. “También se ha usado en tribunales internacionales la doctrina jurídica de la 'Empresa criminal conjunta' (Joint criminal Enterprise), que justificaba enjuiciar a los miembros de un grupo por todas las acciones de ese grupo en conjunto”, señala el experto en Derecho Penal Internacional. “Considero que esa figura jurídica es cuestionable, porque, penalmente, el individuo responde siempre con su libertad personal. Por eso, siempre se debería responsabilizar a una persona por sus propios errores”, resalta.
En retrospectiva, los Juicios de Núremberg, contra los dirigentes del régimen nazi, entre 1945 y 1946, sentaron el primer precedente de un juicio colectivo internacional y fueron un avance en la tipificación de los crímenes de lesa humanidad. Y, más recientemente, en 1985, los Juicios a las Juntas militares en Argentina por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado durante la dictadura (1976-1983), marcaron un hito en América Latina en el esclarecimiento y el fin de la impunidad. Sin embargo, si bien en ambos se juzgó a grupos de personas, se procesó y condenó a cada uno de los responsables de manera individual. Asimismo, los juicios masivos contra redes delictivas organizadas y contra organizaciones terroristas o guerrilleras son una práctica legal común en todo el globo.
Juicios masivos en dictaduras y mecanismos autocraticos
“No se deben olvidar los procesos estalinistas en la Unión Soviética, a finales de la década de 1930”, dice Sabine Kurtenbach, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto GIGA de Hamburgo, en entrevista con DW.
A partir de 1937, los juicios sumarísimos durante la dictadura de Francisco Franco, en España, luego del golpe de Estado, se caracterizaron, según el historiador Jorge Marco, "por su brevedad, la ausencia de derechos y el predominio de la fiscalía sobre la defensa”.
Sin embargo, “no hay que ir muy lejos hacia atrás en la historia, si recordamos los procesos masivos en Egipto (2014, 2018, 2022), en Camboya (2020, 2022), y en Cuba (2021, 2022)”, dice , por su parte, a DW Désirée Reder, politóloga e investigadora especializada en Centroamérica del Instituto GIGA. Además, el gobierno de Nicaragua enjuició en febrero de 2022 a críticos del gobierno y líderes de la oposición encarcelados arbitrariamente desde junio de 2021.
"En El Salvador, lo que va a hacer la Justicia del gobierno de Bukele no está dentro de lo que consideramos un Estado de derecho”, alerta Sabine Kurtenbach. "Eso va en línea con todo el deterioro que experimenta el sistema judicial salvadoreño desde que Bukele es presidente”, subraya.
"Las maras son bandas criminales que han cometido crímenes y homicidios en los últimos años en El Salvador. Probar la culpabilidad individual siempre es complicado y puede ser costoso", dice Luis Greco. "El respeto a la responsabilidad individual no siempre se mantiene , especialmente en situaciones de crímenes masivos o grandes crisis sociales". ¿Es eso lo que sucede en El Salvador? "Es comprensible que se quiera recortar recursos en El Salvador con estos juicios. Claro que hay problemas de legitimación, pero también la Justicia europea y la estadounidense han seguido el camino de lo pragmático".
Según el jurista, tanto en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificada por El Salvador, existe una norma sobre el juicio justo, que contempla el derecho del inculpado a ser informado sobre el contenido de la acusación, así como su derecho a defenderse enormemente, explica Greco. “Si eso será posible en cuatro o cinco minutos, no lo sabemos. Tendríamos que conocer más detalles sobre cómo serán exactamente esos juicios”.
“Según organizaciones de derechos humanos, el 30 por ciento de los cerca de 72.000 detenidos son miembros de pandillas, pero en esos juicios, todos los detenidos serán criminalizados, y no habrá posibilidades de comprobar quién es culpable de crímenes y quién no”, dice Désirée Reder. "Un poco más del dos por ciento de la población adulta masculina del país está presa, y entre los detenidos hay adolescentes y menores de edad que no gozan de ninguna protección especial", subrayar, alertando de que los detenidos podrían permanecer hasta 24 meses en prisión preventiva, antes de ser llevados ante un tribunal. dice la experta en politica centroamericana.