El conflicto entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos se tornó explosivo esta semana, luego de que el paro de Intercargo provocara demoras y cancelaciones en Aeroparque Jorge Newbery, afectando a miles de pasajeros. La administración libertaria respondió con mano dura: 15 trabajadores de Intercargo fueron desvinculados y denunciados penalmente por su participación en el conflicto, que incluyó asambleas informativas lideradas por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) para denunciar el “despido arbitrario” de un compañero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue contundente en sus redes sociales: “En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”. La desvinculación de los 15 empleados es parte de una serie de medidas anunciadas desde el Gobierno para retomar el control de los servicios aéreos, interrumpidos por la protesta de Intercargo. A la orden de despido se suma la denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad, que acusa a los trabajadores de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.
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Denuncia penal y seguridad aeroportuaria en acción
La respuesta del Gobierno no se limitó a las desvinculaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para garantizar la operación de los vuelos y presentó una denuncia formal contra los trabajadores involucrados en la medida de fuerza. “Vivimos una situación inédita, nunca vista”, declaró Bullrich, quien detalló que varios pasajeros se vieron afectados físicamente, con síntomas de temblores, sofocamiento y hasta convulsiones. "Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley", sentenció la ministra.
Ultimátum a los gremios aeronáuticos
La administración de Javier Milei endureció su postura frente a los gremios aeronáuticos, exigiendo a las organizaciones un plan de trabajo para asegurar la operación normal de Aerolíneas Argentinas. Con un plazo hasta el viernes, el Gobierno dejó claro que no tolerará más conflictos laborales en la aerolínea de bandera y amenazó con un Plan Preventivo de Crisis, lo que podría derivar en su cierre definitivo si no se presentan soluciones satisfactorias.
El Plan Preventivo de Crisis es un recurso legal que permite a las empresas en situaciones extremas reducir su personal o sus operaciones, con una indemnización reducida y bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Aunque las asambleas de Intercargo no afectaron directamente a Aerolíneas Argentinas, sí impactaron en aerolíneas como Flybondi, JetSmart, Gol, Sky y Latam, lo que desencadenó la medida de presión por parte del Gobierno.
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