El Gobierno argentino anunció este miércoles que denunciará ante la Justicia al sindicato de trabajadores aeronáuticos APA, acusándolo de “abandono de personas, intimidación pública y bloqueo” por la protesta que los empleados de la empresa de servicios aeroportuarios Intercargo sostienen en el Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires. La medida ha provocado largas demoras, cancelaciones de vuelos y una situación de incertidumbre que afecta a miles de pasajeros.
Manuel Adorni, vocero de la Presidencia, expresó duras críticas a la acción del sindicato, calificándola de “terrorismo sindical”. “Hay personas de rehenes, con ataques de pánico por un terrorismo sindical que busca poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina”, declaró Adorni desde la Casa Rosada, resaltando el impacto emocional y logístico de la protesta en los pasajeros y trabajadores afectados.
“Abandono de personas” y medidas legales
La denuncia del Gobierno se enfocará en cargos de abandono de personas y bloqueo, alegando que la protesta ha dejado a los pasajeros varados y en situaciones de angustia en el aeropuerto. El Gobierno considera que el paro llevado a cabo por APA no solo afecta el servicio aéreo, sino que también representa una amenaza para la estabilidad del sistema aerocomercial y la seguridad de los pasajeros.
La situación escaló en las últimas horas con reportes de pasajeros que experimentaron ataques de pánico y de vuelos cancelados sin alternativas inmediatas de traslado. El Ministerio de Transporte y otros organismos han comenzado a coordinar medidas para minimizar el impacto de la protesta en las operaciones aeroportuarias y asegurar que los pasajeros puedan completar sus viajes.
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Tensión en el sistema aerocomercial
Esta protesta de Intercargo, en reclamo de mejoras laborales y salariales, forma parte de un contexto de conflictividad creciente en el sector aeronáutico, marcado por huelgas, manifestaciones y paros intermitentes en los últimos meses. Los gremios insisten en que sus reclamos buscan proteger los derechos laborales, mientras el Gobierno asegura que la acción sindical está siendo utilizada como una herramienta de presión que amenaza la estabilidad del transporte aéreo.
La denuncia ante la Justicia podría establecer un precedente en el manejo de conflictos laborales en el ámbito aeronáutico, con el Gobierno advirtiendo que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio aéreo en el país y proteger los derechos de los pasajeros.