La Cámara de Diputados le dio media sanción a la nueva versión de la Ley Bases que impulsa el Gobierno de Javier Milei, con 142 votos a favor en la general. Se aprobaron también las facultades delegadas al presidente, la reforma laboral, la reforma del Estado y privatizaciones. Tras un breve cuarto intermedio, también se sancionó en general el paquete fiscal con 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.
El oficialismo se alzó con esta victoria legislativa con los votos propios, más los del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y los bloques cercanos.
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Además, se aprobaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias, el blanqueo de capitales y las modificaciones en Bienes Personales y Monotributo.
Tras aprobar los cambios en Monotributo, la Cámara baja pasó a votar sin debate el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Obtuvo 146 votos afirmativos, 100 negativos y una abstención.
La Cámara baja aprobó las modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con 142 votos a favor, 104 en contra y 2 abstenciones.
Monotributo Social
Luego del cuarto intermedio pedido por diputados al advertir que los cambios eliminaban el Monotributo Social, Espert anunció que incluirán una línea sobre la posibilidad de trabajar en una propuesta superadora a la herramienta dentro de los 90 días posteriores a la sanción del paquete fiscal.
Cambios en el impuesto a las Ganancias
Los cambios propuestos por el Gobierno obtuvieron 132 votos afirmativos, 113 negativos y cuatro abstenciones.
El texto que tiene media sanción fija un piso del impuesto a las Ganancias de $1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados.
Votación en particular
Con fuertes reclamos de la oposición a Martín Menem por no abrir la posibilidad de votar algunos artículos puntuales de manera nominal, avanza en la Cámara de Diputados la votación en particular -por capítulos- del proyecto de ley de Bases.
En primer lugar, el oficialismo consiguió con 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención la aprobación del artículo 1ro. que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Al respecto hablaron en contra los diputados Juan Marino (UP), Christian Castillo (FIT) y Fernando Carbajal (UCR), pero el libertario Santiago Santurio -miembro informante- no aceptó modificaciones.
Luego fue el turno del capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios.
El cordobés Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal, pidió agregar a las excepciones de los organismos que se podrán disolver al Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Senasa, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional de la Música y el INTI.
En la misma línea lo hizo la radical Carla Carrizo, que sumó al Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que el cívico Maximiliano Ferraro solicitó “sacar lo que es disolución total o parcial” y que se excluyan a todos los organismos vinculados a ciencia y tecnología, cultura, salud y educación. Sin embargo, el oficialismo no aceptó las modificaciones.
La jefa del FIT, Myriam Bregman, advirtió que el artículo 3 (sobre disolución de los organismos) “es uno de los más peligrosos”. “Es sumamente dañino y peligroso”, coincidió el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Dentro de los excluidos quedaron el CONICET, la ANMAT, el INCAA, la CONAE, el ENACOM, y el INTA, entre otros.
Más tarde, con 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones se aprobó el capítulo II, que dispone las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Al pasar al capítulo III, sobre procedimiento administrativo, se obtuvieron 148 votos afirmativos, 104 negativos y 0 abstenciones.
Sobre el capítulo IV, de reforma de la Ley de Empleo Público, la diputada de la izquierda Romina Del Plá sostuvo que “este es uno de los capítulos más graves” porque “violenta claramente el derecho de huelga” y lanzó: “Todos los que voten este capítulo sepan que son responsables de los despidos en masa de los empleados públicos de este país”.
Mientras que la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer alertó por “los planteos de inconstitucionalidad” que esta modificación traerá, porque “se pretende dar al empleado público el régimen que tiene el empleado del sector privado”. “Este capítulo va a ser sometido a la interpretación de los jueces”, aseguró, y se pasó a la votación, donde el capítulo resultó avalado con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención.
El capítulo referido a la promoción del empleo registrado cosechó 147 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones. Del Plá cuestionó que “es notable todo lo que se les permite regularizar a las patronales por haber incumplido las normas laborales. Hay beneficios de todo tipo y color”.
Luego de una tanda de cuestiones de privilegio, se iniciará una nueva instancia que se prevé intensa: la discusión en particular. El gran desafío, a sabiendas de que el 6 de febrero pasado el debate se precipitó en el fracaso tras decidirse la vuelta a comisión, luego de una sucesión de derrotas parciales del oficialismo en la votación de incisos.
El éxito parcial para el Gobierno se consiguió con los votos propios, los de sus aliados -como el Pro-, y los bloques llamados “dialoguistas”, que fueron quienes negociaron la letra de ambas leyes: la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
En esta sesión la gran diferencia estuvo en el tipo de debate: sin cuarto intermedio, a diferencia de lo ocurrido en el verano, cuando el debate en general consumó tres jornadas, con tres interrupciones. A la cuarta, la primera en particular, sobrevino el traspié.
La sesión se inició a las 12.23 del lunes, con 135 diputados presentes y esta primera instancia concluyó con una votación que tuvo lugar a las 8.49 de la mañana.
El arranque fue previsiblemente caliente. Allí, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación el plan de Labor Parlamentaria, que resultó aprobado con 140 votos afirmativos, 109 negativos y 0 abstenciones. De esta manera, se estableció que la ley de Bases y el paquete fiscal se tratarían de forma conjunta y su votación fuera por separado. En tanto, la votación en particular se hará por capítulos, aunque algunos diputados reclamaron que algunos artículos se votaran de manera diferenciada. Lo volvieron a hacer después de la votación en general, pero Menem insistió que sería “por capítulos”.
Tras una primera tanda de cuestiones de privilegio, arrancó el debate de la ley de Bases, con la exposición del presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio, quien alertó que “venimos de décadas de decadencia, y tener un Estado ágil con los recursos necesarios para lograr el crecimiento fundamental no es menor. Es un recuso que han usado muchísimos gobiernos, que muchos que hoy van a votar en contra se los dieron a otros gobiernos”.
Para Santurio, “hay una batalla cultural de entender cómo funciona el Estado. El Estado es el principal causante de la deuda, es el principal causante de la presión impositiva que cae sobre todos los argentinos, todas las empresas y en especial sobre las PyMEs, que son las que más les cuesta pagarlo”.
Santurio advirtió que “el mayor riesgo que tenemos en la Argentina es no cambiar, hacer que parezca que todo cambia, pero que nada cambie. Es lo que pasa con la reforma laboral”. Al respecto señaló que “hoy tenemos 6 millones de empleados en el sector privado de manera formal, y 8 millones en el sector privado de manera informal. Y por eso se hizo la vista gorda, se miró para un costado durante muchísimo tiempo, y no se cambió nada”.