El caso conocido como "Libragate", que investiga una presunta maniobra fraudulenta con la criptomoneda $LIBRA, dio un nuevo paso esta semana luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara a la jueza María Servini que autorice el levantamiento del secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y otros sospechosos implicados en la causa.
La solicitud del fiscal apunta a rastrear la evolución patrimonial de los investigados desde 2023 hasta la actualidad, como parte de un expediente vinculado a la causa principal. El objetivo es detectar posibles inconsistencias o movimientos sospechosos relacionados con la promoción y el posterior colapso de la criptomoneda.
Un caso con alto voltaje político
El expediente, que en sus primeros pasos fue instruido en San Isidro por la jueza Sandra Arroyo Salgado, fue transferido a los tribunales federales de Comodoro Py por decisión de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Según este tribunal, la justicia porteña se encuentra en "mejor posición procesal e investigativa" para llevar adelante el proceso.
La investigación tomó estado público cuando el propio Javier Milei publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo a $LIBRA, lo que generó un incremento explosivo en el valor de la criptomoneda: pasó de cotizar 0,01 centavos de dólar a casi 5 dólares. Sin embargo, el precio se desplomó abruptamente poco después, lo que encendió las alarmas sobre una posible estafa especulativa.
Según la denuncia, el derrumbe del valor se habría producido luego de ventas masivas realizadas por los desarrolladores del token y personas con acceso a información confidencial, quienes habrían retirado unos 100 millones de dólares, dejando a cientos de inversores sin respaldo financiero.
Los implicados y las nuevas medidas
Además del jefe de Estado y su hermana, el expediente también involucra a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Todos figuran como posibles responsables de facilitar o participar de la operatoria con $LIBRA.
El pasado 13 de marzo, el Ministerio Público también pidió la intervención de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, con el objetivo de detectar y asegurar bienes o cuentas vinculadas a la maniobra investigada. Esto podría derivar en medidas cautelares sobre activos financieros de los acusados.
La causa, en su nueva etapa, podría ser clave para determinar si hubo un uso indebido de influencia política en un mercado financiero no regulado, con potencial impacto institucional.