La Corte determinó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación contrate siete letrados para comenzar el proceso de destitución del juez federal de Walter Bento. El magistrado es investigado por la Justicia penal por ser líder de una asociación ilícita.
La Corte autorizó a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir, "los contratos a favor de siete agentes con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de jefe de despacho, para desempeñarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a razón de 1 por Vocalía”, según lo informado por Clarín.
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Por otro lado, la Corte analizó un recurso de Nahuel Bento, hijo del suspendido magistrado, que denunció “la arbitrariedad en el caso es gravísima porque fue suspendido y cesanteado cuando se hallaba con licencia psicológica y psiquiátrica”, detalla la información.
“La solicitud de avocación el Dr. Nahuel Bento se limita a denunciar que existieron irregularidades en el trámite de las actuaciones sumariales y reproducir definiciones del concepto de arbitrariedad o del principio de inocencia, pero ello sin fundar suficientemente la alegada configuración de esos supuestos en su caso”, agregó la Corte.
Se advirtió que “las faltas endilgadas al funcionario investigado comprobadas por la cámara, sumado al procesamiento firme que pesa en su contra por un delito muy grave, revisten entidad suficiente como para considerar justificada la insuperable pérdida de confianza de sus superiores, por lo que la separación del cargo no es arbitraria. En ese sentido, las resoluciones adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en el presente caso se hallan adecuadamente fundadas en la valoración de los elementos de juicio obrantes en el sumario, de modo que no se verifican los motivos que habilitan la intervención de este Tribunal por la vía intentada”.
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Por estas razones, la Corte resolvió “no hacer lugar al pedido de avocación formulado por el Dr. Nahuel Agustín Bento. .”.
La suspensión de Bento fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.
Bento, nombrado en 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado, medida que, confirmada por la Cámara Federal de la provincia, incluyó su prisión preventiva, que no cumplió por ser juez.
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Cuando lo consideró líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento "en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización".