El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dictaminado que “un expresidente tiene derecho a la inmunidad absoluta del enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional”. Según la sentencia, “no hay inmunidad para los actos no oficiales”.
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Trump está acusado de intentar obstruir el proceso de votación del colegio electoral, “impedir el procedimiento del Congreso del 6 de enero de 2021 en el que se cuentan y certifican los resultados de las elecciones presidenciales” y actuar “en contra del derecho al voto y contar ese voto”. Ahora, se le abre una vía de apelaciones que facilita la anulación del caso.
Trump ha defendido y promovido la inmunidad, alegando que, sin ella, los presidentes quedarían maniatados al cargo, siempre temerosos de ser investigados por un fiscal suspicaz después de dejar la Casa Blanca.
La Corte, cuya mayoría conservadora de 6-3 incluye a tres jueces designados por Trump, parecía inclinada durante los argumentos del 25 de abril a reconocer algún nivel de inmunidad penal, aunque quizás una versión más estrecha que la “inmunidad absoluta”.
En los votos particulares, la jueza progresista Sonia Sotomayor dijo que, históricamente, nunca un presidente ha mantenido ser inmune a la ley. Ahora, afirma, cualquiera puede ser tentado para cometer abuso de poder sin consecuencias legales. Concluye Sotomayor su disenso con esta frase: “Con temor por nuestra democracia, disiento”.
Durante una audiencia de más de dos horas y media, varios jueces conservadores expresaron en abril preocupación por el uso de la vía judicial para atacar a opositores políticos si no se concedía inmunidad a los expresidentes.
Trump fue acusado en agosto de 2023 por cuatro cargos derivados de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021. La fiscalía alegó que Trump conspiró con otros para anular los resultados de las elecciones de 2020.
Trump solicitó a la jueza de distrito Tanya Chutkan, de la capital federal, desestimar los cargos, argumentando que no podía ser penalmente responsable por sus actos oficiales después de dejar el cargo, pero su solicitud fue denegada. El tribunal de casación del Distrito de Columbia confirmó esa decisión y el caso llegó a la Corte Suprema este mandato.
John Sauer, un abogado de Trump, argumentó que sin inmunidad presidencial frente a cargos criminales, la presidencia sería afectada negativamente, y que esto tendría implicaciones más allá del caso de Trump, pues los presidentes no podrían ejercer sus funciones debidamente.
Por su parte, Michael Dreeben, representante de la fiscalía, sostuvo que la Corte Suprema nunca había reconocido una inmunidad penal absoluta para ningún funcionario público.
En abril los jueces discutieron cómo distinguir entre actos oficiales y privados, y algunos magistrados expresaron preocupación por los efectos más amplios de su decisión. La Corte Suprema decidió asumir el caso aun en año electoral, y ha emitido este fallo a pocas semanas del congreso del Partido Republicano que aclamará a Trump como candidato.