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La Corte Suprema le dio un plazo a Mendoza para responder la demanda de La Pampa por el Río Atuel 

Para el Ejecutivo pampeano sí hay agua y reclaman el incumplimiento de la sentencia judicial de 2020 por parte de la provincia mendocina, que para ellos obedece una conducta de "apropiación y manejo absoluto"

Redacción
15/05/2024 15:52
Foto: Gentileza.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó a Mendoza y Nación para que en un plazo de 10 días respondan el informe que presentó el Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Además, piden la creación del órgano de cuenca entre ambas provincias. 

Desde esa provincia, aseguran que la investigación técnica se realizó con datos oficiales difundidos por el gobierno de Mendoza. Es por tal motivo, el mandatario pampeano acredita que el río Atuel, presenta óptimas condiciones -volumen de caudal- para cumplir en forma permanente el fallo de la Corte de 2020, que fijó un caudal de 3,2 m3/s. 

El documento en cuestión fue elaborado por la porción pampeana del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que integran representantes tanto de la demandante como de la demandada. La conclusión unánime es que hay agua disponible en la cuenca del Atuel, que Mendoza retiene de manera ilegal.

"Se cae rotundamente el argumento de que el caudal del Río Atuel es deficitario: agua hay. Sólo hace falta que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte Suprema. No sólo dejando correr el agua hacia La Pampa sino también aceptando que la gestión de la cuenca debe ser compartida y eficiente. El Río Atuel también es pampeano. Ya no hay excusas para detener su regreso definitivo", dijo el gobernador Ziliotto en abril.

El informe da cuenta también del manejo ineficiente del recurso, prácticas de sobreriego para alimentar las napas subterráneas en perjuicio del caudal aguas abajo y del aumento de la cantidad de reservorios de agua, que pasaron de 160 a 260 desde que se conoció el fallo de 2020, los cuales será presentado como prueba ante el máximo tribunal.

El gobierno pampeano sostiene que el manejo discrecional del Atuel por parte de Mendoza, que comenzó con el corte del río por la construcción de los Nihuiles a fines de la década de los cuarenta y se profundizó por el uso total de sus aguas en el oasis de San Rafael a partir de los setenta, explica en buena medida el desarrollo exponencial de la actividad vitícola en una provincia y la degradación ambiental y desertificación de más de un millón de hectáreas en la otra.

 

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