A partir de un nuevo informe, basado en información generada por organismos oficiales del gobierno de Mendoza, el gobierno de La Pampa dijo que se confirma que el río trae caudal suficiente para cumplir el fallo de la Corte Suprema de 2020, para que cese el perjuicio económico y ambiental.
En el marco de la causa 243/2014, el máximo tribunal resolvió establecer un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo para el río Atuel en el límite entre las provincias de La Pampa y Mendoza.
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El objetivo es cesar el daño ambiental causado por Mendoza debido a la falta de escorrentía de ese río en territorio pampeano, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
A cuatro años de ese fallo, nunca cumplido, un estudio técnico demuestra que el río tiene agua más que suficiente y alienta una nueva ola de reclamos y medidas, judiciales y políticos, por parte de la administración que encabeza Sergio Ziliotto.
El informe en cuestión fue elaborado por la porción pampeana del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que integran representantes tanto de la demandante como de la demandada.La conclusión unánime es que hay agua disponible en la cuenca del Atuel, que Mendoza retiene de manera ilegal.
"Se cae rotundamente el argumento de que el caudal del Río Atuel es deficitario: agua hay. Sólo hace falta que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte Suprema. No sólo dejando correr el agua hacia La Pampa sino también aceptando que la gestión de la cuenca debe ser compartida y eficiente. El Río Atuel también es pampeano. Ya no hay excusas para detener su regreso definitivo", dijo el gobernador Ziliotto.
El informe da cuenta también del manejo ineficiente del recurso, prácticas de sobreriego para alimentar las napas subterráneas en perjuicio del caudal aguas abajo y del aumento de la cantidad de reservorios de agua, que pasaron de 160 a 260 desde que se conoció el fallo de 2020, los cuales será presentado como prueba ante el máximo tribunal.
El gobierno pampeano sostiene que el manejo discrecional del Atuel por parte de Mendoza, que comenzó con el corte del río por la construcción de los Nihuiles a fines de la década de los cuarenta y se profundizó por el uso total de sus aguas en el oasis de San Rafael a partir de los setenta, explica en buena medida el desarrollo exponencial de la actividad vitícola en una provincia y la degradación ambiental y desertificación de más de un millón de hectáreas en la otra.
Además de la demanda presentada en la Corte, La Pampa realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH). El informe, y la consecuente presentación judicial, coinciden con otra buena noticia para La Pampa.
El anuncio del gobernador mendocino Alfredo Cornejo de que los fondos captados para la construcción de la represa Portezuelo del Viento se destinarán a otros fines, con lo que la polémica obra queda abortada. La millonaria obra sobre el río Grande, que integra la cuenca del Colorado, no contaba con el acuerdo del comité de cuenca.
Sin embargo, tanto la obra como el crédito internacional para financiarla, fueron autorizados por el entonces presidente Mauricio Macri en 2019.
La publicación en el boletín oficial fue inmediatamente posterior al anuncio de que Miguel Pichetto sería el compañero de fórmula de Macri, en su intento de obtener la reelección.
La autorización fue una suerte de compensación o premio consuelo, a todas luces irregular, para el entonces gobernador Cornejo, que ambicionaba la candidatura a vicepresidente.