Al igual que Nación, el Gobierno provincial impulsa en la Legislatura de Mendoza, un proyecto de ley que busca derogar normas que aún figuran como vigentes y que ya no se corresponden con la realidad actual.
En este contexto, la vicegobernadora, Hebe Casado, presentó el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que busca modernizar el marco normativo provincial mediante la derogación de leyes en desuso.
La propuesta apunta a clarificar la legislación vigente, eliminando normativas obsoletas o superpuestas para facilitar su comprensión y aplicación, lo que otorgará mayor seguridad jurídica a ciudadanos, inversores y emprendedores.
En conferencia de prensa, Casado explicó que la iniciativa sigue la línea del proyecto de Ley Hojarasca presentado por el Gobierno nacional en 2024, adaptándolo a la realidad mendocina. “En esta primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950, de las cuales se propone derogar 66”, aseguró.
Fue un equipo de funcionarios legislativos, liderados por Lucas Faure, secretario del Senado provincial, quienes se encargaron de identificar todas las leyes, analizarlas con detenimiento y luego, avanzar con iniciativas para la derogación o reforma en caso de considerarlo.
Casado también aseguró que Juan Carlos Jaliff, actual colaborador de la Cámara Alta, es una consulta obligada en estos temas y él será el encargado de revisar todo el proyecto.
La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad. Algunos ejemplos son:
- Una ley de planes de urbanización, sustituida por la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial.
- Normas de fiscalización de semillas, cuya función hoy cumple el ISCAMEN.
- Una ley de subsidio a artistas para el «embellecimiento público», sin aplicación actual.
- Antiguas normativas sobre el presupuesto anual, reemplazadas por la Ley de Administración Financiera.
- Leyes que establecían normas laborales diferenciadas por rubro, superadas por la legislación laboral vigente.
- Un impuesto al consumo del vino, que resultaba incompatible con el IVA y contrario a la tradición mendocina.
Según lo que adelantó Casado durante la conferencia de prensa, antes del receso invernal se presentará la segunda etapa del plan, que abarcará leyes sancionadas entre 1950 y 1970, para continuar luego con períodos más recientes. «Agradezco el esfuerzo del equipo de la Legislatura y de nuestro revisor máximo, Juan Carlos Jalif, que conoce cada una de estas leyes. Esto es parte del trabajo que venimos haciendo en Mendoza para dar un marco normativo claro y brindar mayor seguridad jurídica», expresó la Vicegobernadora.
De esta manera, desde el Gobierno provincial hay un férreo compromiso con la modernización del Estado, con la intención de reducir la burocracia y así garantizar un marco legal más accesible y transparente para los mendocinos.