El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, con el objetivo de derogar leyes obsoletas y restrictivas que fueron aprobadas durante gobiernos militares y en administraciones constitucionales del siglo XX.
El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien detalló que se busca quitar alrededor de 70 leyes. Entre estas normativas, se encuentran disposiciones que prohíben protestas, penalizaban el apoyo a la defensa de los derechos humanos en foros internacionales, e incluso reglamentaciones relacionadas con el uso de carnets de mochilero.
“La ley promueve la seguridad jurídica y elimina obstáculos para el desarrollo tanto personal como del país en su conjunto”, afirmó Sturzenegger.
En un comunicado, el ministro también destacó que se apunta a eliminar normas que “han generado gastos innecesarios para los contribuyentes” a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros.
El funcionario, a través de su cuenta en la red social X, especificó que se derogan leyes que “limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad”.
Entre las normativas mencionadas, subrayó una ley del gobierno de Juan Domingo Perón que estipulaba penas de prisión para los argentinos que defendieran los derechos humanos en ámbitos internacionales.
Además, mencionó la ley 18.312, aprobada durante el régimen militar de Juan Carlos Onganía, que intentaba restringir la libertad de expresión mediante el control de la disponibilidad de papel para diarios.
El ministro también hizo referencia a la ley 19.787, promulgada bajo el gobierno de Alejandro Lanusse, que obligaba a la difusión de ciertos tipos de música, considerando esto un ataque directo a la libertad de expresión.
Otra de las normativas que se busca anular es la ley 20.120 de la misma gestión, que obligaba a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados a avisar con anterioridad y autorizaba a la policía a ingresar a estos eventos, lo que representa, según Sturzenegger, una violación clara de la libertad personal.
Finalmente, se propone la derogación de la ley 20.959, de la gestión de Isabel Perón, que otorgaba a los legisladores privilegios de libre circulación y estacionamiento, algo que el ministro calificó como "un ejemplo inaceptable de privilegio en una sociedad democrática". También se busca derogar la ley 20.983 de 1975, que obligaba a medios de comunicación radial y televisiva a dedicar al menos 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.