El Gobierno nacional y la CGT iniciaron una nueva etapa en su traumática relación, en medio de la cuenta regresiva del agravamiento del conflicto universitario, que incluirá la marcha de este miércoles con participación sindical, y del paro de los gremios del transporte previsto para el 17 de octubre.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibieron desde las 17 en la Casa Rosada a una numerosa delegación de la central obrera, encabezada por dos de sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio).
Como resultado, las autoridades nacionales se comprometieron con los líderes gremiales a revisar en conjunto uno de los puntos de la reforma laboral recientemente reglamentada.
Para esto, se avanzará con la creación de una “mesa tripartita”, en la cual también estarán los cuadros técnicos del sector empresarial, para analizar, puntualmente, cómo quedará redactado el artículo sobre los bloqueos sindicales.
“Será para tratar distintos temas de modernización laboral, entre los cuales está la cuestión de los bloqueos, pero no es para resolverlo, sino para mejorar alguna posición de duda que pueda haber entre algunas de las partes”, aclaró el secretario Cordero.
Explicó que uno de los asuntos a debatir en ese ámbito “es si puede haber una intervención administrativa de la autoridad de aplicación” en el caso de que ocurra una protesta gremial que impida el funcionamiento de una empresa.
De la reunión de este lunes también participaron José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) Daniel Ricci (FEDUN), Sergio Romero (UDA) y Roberto Fernández (Unión Tranviarios Automotor), entre otros.
La delegación de la CGT se completa con Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN) y Luz Marina Jaureguiberry (SADOP).
No estuvieron Pablo Moyano, que rechaza el diálogo con el Gobierno, ni tampoco su padre, Hugo Moyano.
Además, estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los mejores interlocutores con la central obrera, quien días atrás mantuvo una fuerte pulseada con Sturzenegger para aceptar los cambios que proponían los sindicalistas para atenuar el artículo “anti-bloqueos” en la reglamentación de la reforma laboral.
Ese punto finalmente no reglamentó y así quedó desestimada la sugerencia de la CGT que implicaba derivar a la Justicia el pedido de despedir a quienes bloquean empresas, aunque en la cúpula cegetista había conformidad porque esa redacción final “no empeoró” los alcances del artículo.
Esa fórmula de no reglamentar el artículo que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado, fue acordada entre Cordero y un negociador de la CGT. Y fue considerada un gesto de buena voluntad del Gobierno, así como lo fue otro que impulsó Francos: frenar el proyecto de Democracia Sindical en Diputados que consensuaron la UCR, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, Hacemos Federal e Innovación Federal, en un texto que unificó una veintena de iniciativas sobre el tema y que le ponía límites y controles al gremialismo.
“Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados, porque tenemos una preocupación muy grande que es, producto de la Ley Bases, un artículo, el 242, que es el de despido con causa. Este artículo tiene una mala redacción, fue agregado en el Senado y precisamente lo que necesita es una reglamentación que pueda corregir esto”, explicó Daer.
El dirigente cegetista agregó: “Quedamos en la constitución de una vía administrativa para resolver todo en un acuerdo entre la Secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial, para darle precisión a algo que tiene una vaguedad importante en esto de las tomas total o parcial (de una empresa durante las protestas gremiales). Si hay bloqueo, hay bloqueo y si no lo hay, no lo hay. Esto de bloqueo total o parcial es una vaguedad absoluta”.
El sector dialoguista de la CGT quiere abrir un “espacio institucional de diálogo” con la Casa Rosada, que no esté subordinada a las diferencias que mantienen y permita encontrar salidas a los problemas salariales y laborales, pero la mira está puesta en el diálogo tripartito con los empresarios.