Este miércoles, en la Cámara de Diputados, se retoma el debate para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, en Argentina. El proyecto va en línea con el pedido del presidente Javier Milei tras el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años brutalmente asesinada en La Plata por menores de edad.
La iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya se discutió a mitad del año pasado, pero no hubo consenso. Lo que se buscará este miércoles en un plenario de varias comisiones es llegar a un acuerdo y arribar a un dictamen de mayoría en el proyecto del oficialismo por la baja en la edad de imputabilidad.
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En detalle el proyecto
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
En su redacción se determina que no se le impondrá al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque la escala penal podría ser más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.
El oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".
Por su parte, destaca que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.