Los funcionarios judiciales de Mendoza llamaron a un paro de actividades en las oficinas fiscales, el Ministerio Público Fiscal, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa.
Desde las 23 hs del sábado 4 de mayo hasta el mismo horario del miércoles 8, las oficinas fiscales, donde se recepcionan las denuncias efectuadas por los ciudadanos, no prestarán el servicio debido a las medidas de fuerza programadas.
Por su parte, los funcionarios que cumplen tareas en la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa harán un paro de 48 horas los días martes 7 y miércoles 8.
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Mejoras salariales, concretas y acordes a los índices de inflación son algunos de los puntos reclamados por los distintos sectores de la justicia provincial. Además, la demanda para el plenario de la Corte para que resuelva el expediente denominado Cláusula C, donde los funcionarios judiciales reclaman el reenganche de sus sueldos a los de los magistrados.
En el caso de los empleados judiciales, es muy probable que se sumen a las medidas de fuerza.Los funcionarios y los empleados del sistema judicial de Mendoza no cobraron con aumento esta semana porque en las paritarias no aceptaron las ofertas del Poder Ejecutivo, que decidió no imponer mejoras por decreto.
El trabajo del personal enrolado en ambas categorías es fundamental para la prestación del servicio de justicia y cada día de paro de actividades provoca demoras en el avance y resolución de actuaciones y expedientes en todos los fueros.
Sergio Molina, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, explicó que dos jornadas sin atención significan quince días de demora en los trámites judiciales.
"Los empleados son los primeros en atender a la ciudadanía y los funcionarios son la mano derecha de los magistrados e indispensables para que las causas avancen y se resuelvan" agregó el funcionario.
Funcionarios y empleados, de las distintas dependencias de la Justiicia provincial -Polo judicial, Tribunales-han mantenido en las últimas semanas, varias asambleas donde se determinaron los pasos a seguir.
Como antecedente a esta huelga prevista, el pasado 30 de abril, se produjo la paralización de la actividad en Tribunales, que terminó en cuantiosos reclamos por parte de los ciudadanos que no pudieron realizar los trámites que tenían previsto.