La Fiscalía que investiga los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo, de Luján de Cuyo, solicitó al tribunal de sentencia que condene a 18 y 10 años de cárcel a la monja Asunción Martínez y a la ex representante legal del lugar, Graciela Pascual.
Además, pidieron que ambas sean inhabilitadas por los mismos plazos para que no puedan ejercer la docencia en establecimientos educativos.
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A mediados de mayo, la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores, en el marco de la causa que investiga las responsabilidades por los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo.
Así lo requirió el jefe de fiscales de esa unidad, Alejandro Iturbide, al alegar ante el Tribunal compuesto por la jueza Gabriela Urciuolo; Belén Salido y Belén Renna, en el Polo Penal Judicial, en el tercer juicio por estos hechos.
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En tanto, las querellas se sumaron al pedido de la fiscalía y el abogado Sergio Salinas (ONG Xumek) solicitó durante su alegato a fines de mayo "la pena de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores" en virtud de "la acumulación de los delitos que representamos en ese combo de causas por cuatro víctimas", según explicaron en ese momento.
Tanto Kosaka, Pascual y Martínez son las que mayor condenas arriesgan al momento de la sentencia, que se dictará en fecha a determinar.