El Senado argentino vive un terremoto político tras la detención de Edgardo Kueider en Paraguay, acusado de lavado de dinero y contrabando de divisas. El legislador peronista, sorprendido con más de 200 mil dólares sin declarar en el puente internacional de La Amistad, que conecta Paraguay y Brasil, solicitó formalmente licencia mediante una carta dirigida a la presidenta provisional del Senado, Victoria Villarruel.
Actualmente, Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, mientras las autoridades paraguayas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en Argentina avanzan en investigaciones paralelas. La PROCELAC abrió una investigación preliminar para determinar si se configura enriquecimiento ilícito, un delito que ya pesaba sobre Kueider en causas abiertas en la justicia federal y de Entre Ríos.
El caso ha desatado una ola de reacciones políticas. Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP), legisladores como José Mayans y Juliana Di Tullio impulsaron un proyecto para expulsar a Kueider del Senado por inhabilidad moral. El pedido oficial para convocar a una sesión especial está previsto para el 12 de diciembre, según un comunicado presentado el pasado 6 de diciembre.
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Un caso que polariza
Mientras algunos senadores exigen una respuesta contundente, otros llaman a la prudencia hasta que avance la investigación. Kueider, figura clave del peronismo en Entre Ríos, ve tambalear su futuro político ante acusaciones que podrían extenderse incluso más allá de este escándalo.
La situación no solo impacta en el ámbito judicial, sino también en el frente político, ya que podría redefinir las dinámicas internas del Senado. Para el legislador, la licencia no solo es una pausa en su rol legislativo, sino también un intento de controlar daños ante un panorama incierto y cada vez más comprometido.