En una sesión marcada por el debate sobre la política habitacional, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que extiende los plazos para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La iniciativa, que afecta a más de 2.000 posibles beneficiarios, establece un marco legal para la titularización definitiva de estas viviendas y busca recuperar financieramente parte de la cartera de créditos del IPV.
El proyecto propone ampliar los beneficios de la Ley 9378, abarcando a aquellos adjudicatarios de créditos o viviendas cuya fecha de inicio de recupero sea hasta el 30 de noviembre de 2017. Según el texto aprobado, 795 de estos casos presentan un costo definitivo, mientras que 1.356 aún tienen un costo a determinar.
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Además de la extensión de plazos, se han introducido modificaciones clave, como un régimen de cancelación anticipada que ofrece descuentos de hasta el 60% para quienes cancelen sus deudas en un único pago. El proyecto también aborda los casos de créditos y viviendas con costo provisorio, proponiendo soluciones para aquellos casos en los que el costo definitivo aún no ha sido determinado debido a demoras administrativas.
Durante el debate, el diputado Jorge López (UCR) defendió el proyecto destacando que de los 32.118 créditos activos del IPV, el 57% se encuentran en mora, lo que equivale a unos 18.307 créditos. López subrayó que esta medida permitirá a miles de familias cancelar sus deudas y avanzar en la escrituración de sus viviendas. Por otro lado, José Luis Ramón (CyC) expresó su oposición al proyecto, argumentando que no aborda adecuadamente el déficit habitacional en la provincia y criticando los costos asociados a la escrituración.
El debate también puso de relieve las críticas hacia las políticas habitacionales a nivel provincial y nacional. Edgardo Civit Evans (BJA), quien se abstuvo de votar, señaló que la sucesiva prórroga de quitas en los créditos del IPV refleja una falta de política habitacional. Por su parte, Gustavo Perret (PJ) calificó el proyecto como un "nuevo parche" que no soluciona los problemas de fondo del IPV, mientras que Emanuel Fugazzotto (PV) propuso la creación de una agencia provincial inmobiliaria como alternativa.
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A pesar de las críticas, la media sanción fue apoyada por sectores que consideraron que, aunque imperfecta, la medida es necesaria para aliviar la carga administrativa del IPV y permitir que los fondos del instituto se destinen a nuevas construcciones. Gustavo Cairo (LLA) afirmó que, aunque no es ideal regalar nada, la medida es la "mejor solución" para un problema que se ha vuelto insostenible, dado que una gran parte de los créditos en mora tienen montos insignificantes.
La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado para su aprobación definitiva, lo que determinará si los beneficiarios podrán acogerse a estos nuevos plazos y condiciones para regularizar su situación habitacional.