Las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales iniciaron el estudio de un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene por objeto prorrogar y modificar la Ley 9378, que establecer un marco jurídico para regularizar la titularidad de las viviendas del IPV.
Para ello, los legisladores recibieron a Gustavo Cantero, titular del Instituto Provincial de la Vivienda, quien explicó detalles de la propuesta y se explayó además en otros aspectos vinculados al funcionamiento del organismo, nivel de morosidad, costos, entre otros puntos.
En términos generales, la propuesta del Poder Ejecutivo plantea el recupero financiero de parte de su cartera de beneficiarios/as y la regularización dominial en relación a la escrituración definitiva de esas viviendas adjudicadas. Al mismo tiempo, permite tomar decisiones sobre los procesos administrativos que correspondan de acuerdo a la situación en las que se encuentran distintas deudas asumidas.
El diputado Jorge López, indicó al inicio del encuentro que se plantean modificaciones a la legislación vigente, asegurando que “la herramienta legislativa ha demostrado, desde su sanción, ser de suma utilidad toda vez que se han producido numerosas cancelaciones de créditos, lo que redunda en mayor recaudación y mejora de las estadísticas de mora”.
Por su parte, Cantero explicó que con esta propuesta se le da continuidad a las operatorias de vivienda, se busca el recupero de cuotas, y “limpiar un poco la cartera del IPV, que el recupero sea con eficiencia”. Indicó que al momento de la sanción de la Ley 9.378, el IPV contaba con 51.735 créditos, de los cuales 35.000 estaban en condiciones de cancelarse. Se contabilizaron 21.160 cancelaciones de créditos (poco más del 60% de aquel total) de junio de 2022 a diciembre de 2023, quedando activos a junio de 2024, 32.118 créditos; con lo cual se valoró positivamente el efecto que tuvo la legislación.
En base a ello, es que se expresa en los considerandos de la normativa propuesta, que es “conveniente extender los beneficios establecidos en el Título ll de la Ley Nº 9.378 (Régimen Especial de Cancelación)”, incluyendo modificaciones hasta e1 31 de marzo de 2026, y dejando plasmada la facultad para que la Autoridad de Aplicación pueda extenderlo por un año más.
En sí, se apunta a un régimen de cancelación de viviendas que tendrán beneficios de entre 30% y 60% de quita o descuentos. “Esto ha permitido gran cantidad de escrituraciones”, señalaron. Porque además, “se puede escriturar con deuda, aunque se deja hipoteca como garantía para el saldo en el precio”. Así, se desea desde el organismo que “un 75% de la cartera, acceda a estos beneficios”, y pretenden que se incorporen los créditos otorgados hasta noviembre de 2017, porque los anteriores a esa fecha “se pactaron en cuotas fijas y en pesos”, con lo cual no acompañan a la evolución de la inflación.
En un breve resumen de cómo está compuesta la cartera de créditos del IPV al día de hoy, manifestaron con filminas que a junio de 2024 se encuentran activos 32.118 créditos de los cuales el 43% se encuentra al día, y el 57% restante en mora. De ese 57%, el 79% posee cuotas menores a $5.000.
En tanto, para los créditos URS (Unidad de Referencia Salarial) que otorga el organismo, el cálculo total es de 5.487 créditos (a julio de 2024), de los cuales el 74% se encuentra al día y el restante 26% en mora. De ese 26%, casi su totalidad corresponden a cuotas mayores a $8.000. Estos créditos tienen cuotas promedio de $80.200.
Párrafo aparte se le dedicó al tema escrituración de las viviendas, puesto que se ha realizado un abordaje sobre el costo del mismo que ronda los 323.900 pesos en promedio. De ese gasto, poco más del 70% corresponde a honorarios, aportes y tramitador de las escribanías. Así, se aseguró que están manteniendo reuniones con los profesionales dedicados a ello para tratar de abaratar los costos, como uno de los puntos para colaborar en la regularización.
Asimismo, dijeron que hay diferentes circunstancias por las que las personas no terminan de realizar el trámite de escrituración. En algunos casos, la empresa constructora termina el barrio y las casas tratan de entregarse rápidamente a sus beneficiarios para que no haya usurpaciones, principalmente; pero en muchos casos no se reúnen todos los elementos para la escrituración, o la situación ha cambiado en términos de titularidad (por fallecimientos, divorcios, etc). Por lo tanto, la normativa propuesta viene a subsanar algunas de estas situaciones en términos de administración, recupero y legalidad.
Al término de la reunión, legisladores presentes manifestaron algunas inquietudes respecto a cómo sería la implementación del cobro para el recupero, los procedimientos administrativos respecto a los beneficios, y se destacaron algunos aportes que podrían realizarse.
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