Una jueza uruguaya rechazó la solicitud de refugio presentada por el abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y exasesor de Mauricio Macri, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.
La decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, se conoció hoy, aunque data del 23 de diciembre pasado y ya fue apelada por la defensa de Rodríguez Simón, según detallaron a Télam fuentes con acceso a los expedientes que tramitan en Montevideo.
El caso se encuentra ahora en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno que deberá decidir si confirma o revoca la decisión de la jueza de primera instancia: hasta que el fallo no esté firme, no se activará el trámite de extradición que se encuentra en suspenso.
Aunque la justicia uruguaya confirmara el rechazo al pedido de refugio político y resolviera luego la extradición de "Pepín", la palabra final corresponderá al Poder Ejecutivo de ese país, informaron fuentes del caso.
Rodríguez Simón es representado en Uruguay por el abogado Jorge Díaz, exfiscal de Corte y exprocurador General de la Nación de ese país, durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Te puede interesar
El exasesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.
Cuando lo declaró en rebeldía, la jueza Servini remarcó que el exfuncionario "dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.