Mediante la publicación oficial del Gobierno provincial el pasado viernes, se reveló la destitución de cinco profesionales pertenecientes al ámbito de la salud, debido a diversas razones que impactaron negativamente en el ejercicio efectivo de sus responsabilidades.
Entre los cesanteados se encuentran Fedra Dardanelli y Belén Juárez, ambas enfermeras en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. En el Hospital Central, se desempeñaba Víctor Toci, mientras que en el Hospital Lagomaggiore ejercía su labor la licenciada Mariana Gil. Las acciones administrativas contrarias al Estado realizadas por Dardanelli, Juárez, Toci y Gil llevaron al Ejecutivo a tomar la decisión de rescindir sus contratos.
Sin embargo, el caso más destacado es el del doctor Mariano Olmedo, quien trabajaba en el Hospital Carrillo de Las Heras y fue destituido por acusaciones de violencia de género. Las denuncias surgieron por parte de sus colegas, quienes expusieron el comportamiento inapropiado del profesional.
Hace tres años, se inició un sumario administrativo contra Olmedo y se le suspendió de sus funciones por dos meses.
De acuerdo con lo establecido en el reglamento del Boletín Oficial, se determina que el doctor está infringiendo lo estipulado por la Ley de Protección Integral a las Mujeres Nº 26485.
Basándose en los testimonios de las denunciantes, se concluye que Olmedo tuvo un comportamiento inapropiado en el ambiente laboral, contrario al trato normal entre compañeros. Autoridades del Ministerio de Salud provincial informaron que el acusado violó la intimidad, dignidad y buen trato en el entorno laboral, tanto hacia sus colegas masculinos como femeninos, infringiendo las normativas establecidas en la ley mencionada.
El artículo 69, inciso 2 de la Ley 7759 establece que "los profesionales están obligados a conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público, sus superiores, pares y subordinados". Debido al incumplimiento de esta norma por parte del profesional de la salud, el Consejo Deontológico Médico y la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina han decidido aplicar conjuntamente la sanción a Mariano Olmedo.
Las causas que llevaron al cese de los otros cuatro profesionales fueron las siguientes:
Dardanelli y Juárez presentaron certificados médicos falsificados para justificar su ausencia en el trabajo. Sin embargo, estos documentos resultaron inválidos debido a que contenían firmas falsificadas.
La licenciada Mariana Gil acumuló seis faltas consecutivas en su trabajo sin justificar su ausencia. Cuando se le solicitó una explicación por parte de sus superiores, no pudo proporcionar ninguna razón, ni verbalmente ni por escrito.
El despido de Víctor Toci se debió al incumplimiento del decreto/ley 560/73 del Estatuto del Empleado Público, el cual establece que el personal debe desempeñarse con eficiencia, capacidad y diligencia. Toci no cumplió con estos requisitos y además se le encontró con acumulaciones de cargos por otros motivos.
En conclusión, estos empleados de la cartera de salud provincial ya no forman parte del Estado debido a su expulsión.
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