Luego de conocerse el trágico final del expolicía Héctor Enrique Pelayes, hecho que conmocionó a Mendoza en las últimas horas, y tras las duras expresiones de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, desde la Dirección de Derechos Humanos del máximo tribunal de Justicia salieron a responder.
La ministra Rus utilizó sus redes sociales donde expresó “Lamentamos profundamente la pérdida del policía retirado Héctor Enrique Pelayes, quien murió en un enfrentamiento con un delincuente que no debería haber estado en libertad. Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza no negamos los problemas; nos ponemos al frente y trabajamos en ello”, afirmó.
Rus no dudó en señalar que Roberto Pereyra, el delincuente involucrado en el tiroteo, nunca debió haber sido liberado. “A pesar de que el Código Penal prohíbe la libertad condicional para quienes cometen homicidios en ocasión de robo, y de que la Oficina Técnico Criminológica (OTC) dictaminó en contra de su liberación, Roberto Pereyra fue puesto en libertad condicional. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte solicitó su liberación, haciendo caso omiso a nuestras leyes”, denunció la funcionaria.
El comunicado oficial de la Dirección de Derechos Humanos
En un comunicado la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza señala:
“Ante la consulta de los medios respecto a la libertad condicional otorgada a una persona que resulta muerta en un hecho, la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia informa:
Pereyra Cruz Roberto, ingresa detenido al penal el 29/1/16, ingreso primario.
Lo condenan el 22 /3/18 por homicidio en ocasión de robo a 12 años y 6 meses.
La libertad condicional es otorgada el 26/4/23 por el Juzgado Penal Colegiado 1.
La intervención de la Dirección de derechos humanos y acceso a la justicia se da en diciembre del 2022 motivada en la comunicación de la persona detenida que solicita, estando ya con salidas transitorias otorgadas, alojado en la Unidad IV Gustavo André, que se inicie el trámite de libertad condicional. Tal como se realiza en numerosos casos a diario y en función de ser un organismo administrativo de acceso a justicia, se envía oficio a la unidad que lo aloja para que le den inicio a la pieza administrativa. En toda pieza administrativa se ordenan informes del Consejo Correccional de la unidad que lo aloja así como del Organismo Técnico Criminológico. La resolución de otorgamiento en todos los casos es competencia exclusiva del Juzgado que tiene a cargo la ejecución de la pena y el control de legalidad, con participación de la Defensa y de la Fiscalía.
En forma posterior se interviene nuevamente el 14 abril del 2023 solicitando al JPC interviniente, por comunicación del interesado, solicitando ordenen al OTC la remisión de informes social y psicológico del trámite de libertad condicional. Este nuevo oficio obedece al paso del tiempo desde que el propio juzgado había solicitado la remisión de los informes el 28/3 sin que a la fecha del oficio de la dirección se hubiera concretado.
Pereyra contaba al momento de resolución de la libertad condicional con dictámenes favorables por parte del Consejo Correccional tanto para el acceso a la ampliación de salidas transitorias como para libertad condicional”.