Este viernes decenas de empleados de la metalmecánica IMPSA, decidieron manifestarse en la puerta de la empresa, apostándose a partir de las 6 de la mañana, en reclamo por haber cobrado la mitad de los salarios del mes de noviembre.
"No hemos ingresado porque nos han pagado la mitad de los sueldos y estamos exigiendo un cronograma de pago porque tienen una deuda que arrastran desde abril que son las actualizaciones de paritarias", puntualizó Mario Reveri, uno de los delegados de la UOM que se manifestó en la metalmecánica del carril Rodríguez Peña.
A esos empleados también les preocupa asegurarse si van a seguir trabajando en esa empresa, luego de que se concrete la privatización que está en marcha.
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LA SALIDA DEL ESTADO DE IMPSA Y SU POSIBLE DUEÑO ESTADOUNIDENSE
Ya desde antes de la adquisición del 63,7% de las acciones de Impsa, el Estado nacional afrontó consecuentemente el déficit de la compañía a través de aportes no reembolsables, capitalización de la empresa y pago de salarios durante la pandemia de Covid-19.
Fue a poco más de dos años del arribo del Estado a Impsa, cuando Mendoza confirmó la intención de salir de la compañía metalúrgica. En abril de 2023, y tras registrar números rojos, por asamblea se decidió salir a buscar socios y cotizar en bolsa. Magistocchi dejó de ser el director titular de las acciones que tiene Mendoza en Impsa. Su reemplazo fue el ingeniero Mario Croce, que estuvo hasta diciembre de ese año. Tomó luego la posta Julio Totero, quien renunció en agosto de 2024 en medio de la nueva capitalización a privados.
Según aclaró a Los Andes el exministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, “la venta de las acciones fue algo que quedó estipulado desde el primer día de ingreso”, es decir, estaba en los planes originales del 2021 que Impsa se desprendiera en algún momento de las acciones del Estado mendocino.
“Fue una condición para el ingreso. Esto involucró varias etapas: la primera etapa era entrar porque la empresa no podía pagar los sueldos. El segundo punto era que no podíamos invertir la totalidad de los fondos que el gobierno nacional requería; la Nación nos proporcionó la mitad. El tercer punto era la administración de la empresa, buscando mantenerla de manera profesional, sin que ingresara personal que no fuera el requerido por áreas técnicas. El cuarto punto se refería a cómo recuperar la empresa, obteniendo contratos y, una vez que esto ocurriera, vender nuestras acciones”, explicó el exfuncionario.
En concreto, los accionistas de Impsa otorgaron autorización al Directorio para solicitar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el ingreso de la empresa al régimen de oferta pública de acciones. La empresa ya formaba parte del régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables.
Acerca de sus pérdidas, Impsa informó ante la CNV que, en el primer trimestre de 2023, el resultado antes del impuesto a las ganancias arrojó una ganancia de 2.619 millones de pesos, casi cuatro veces más que los 540 millones de pesos registrados el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el efecto del cálculo del impuesto a las ganancias por aplicación del método del impuesto diferido y el ajuste por inflación impositivo revirtió la ganancia y del ejercicio, llevando el resultado final a una pérdida de 2.190 millones de pesos.
El Gobierno nacional y el de Mendoza decidieron iniciar en julio de 2024 el proceso de capitalización privada para evitar la quiebra de una empresa clave en la provisión de insumos y tecnología a sectores estratégicos como el nuclear o el hidroeléctrico. La intención es lograr el saneamiento de la empresa, cuya deuda asciende actualmente a USD 500 millones y garantizar la continuidad de sus operaciones, que generan más de 700 empleos y alimentan a una extensa red de proveedores.
Según el Gobierno provincial, se espera así generar nuevos negocios que permitan que Impsa vuelva a ocupar un lugar destacado en el sector energético mundial.
El proceso arrancó formalmente con una primera propuesta de capitalización presentada por un fondo de inversión estadounidense. A partir de esta oferta, y por un plazo de 30 días, se inició un proceso de debida diligencia, abierto a la intención de otros posibles interesados. Transcurridos esos 30 días, el grupo inversor interesado estaba obligado a presentar la oferta formal de capitalización.
“Nosotros creemos que esta empresa, no sólo por razones ideológicas y doctrinarias, tiene que ser privada. No puede ser estatal”, aseguró el gobernador Alfredo Cornejo el mes pasado cuando, junto al secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, dio detalles del inicio del proceso de sesión de acción y capitalización privada de Impsa.
El proyecto de ley para que el Estado mendocino pueda transferir sus acciones de Impsa ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 14 de agosto.
La compañía estadounidense ARC Energy, que actúa junto al Fondo de Inversión Americano IAF, formalizó su interés por la empresa con sede en Godoy Cruz, pero también se empezó a abrir la posibilidad de que aparezcan interesados en aportar más capital a la compañía y en dotarla de un gerenciamiento y de un volumen de negocios que la vuelva a ubicar en el rol estratégico y preponderante, según dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
La venta se ralentizó cuando ARC Energy pidió una prórroga hasta el 15 de septiembre -el plazo vencía el 10 de agosto originalmente- para presentar su oferta formal de capitalización. Inicialmente negociaría USD 30 millones por las acciones que tiene la Nación (63,7%) y Mendoza (21,2%).
Además, trascendió que una multinacional de Chile y otra de China mostraron interés por tomar el control de Impsa. A fines de julio, una comitiva liderada por el embajador chino en Argentina, Wang Wei, y el consejero Económico y Comercial, An Guanghui, junto a representantes de ocho empresas que tienen intereses en Argentina, visitó Mendoza y las instalaciones de la firma fundada por los Pescarmona.
Pese a la demora en la evaluación de la compra, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno confía en que la estadounidense ARC Energy concretará la operación. Si intervinieran otros jugadores en el proceso de compra, deberían firmar su “intención”.