Mendoza trabaja fuertemente en brindar el servicio educativo destinado a personas privadas de la libertad, garantizando el derecho a la educación, de acuerdo con las leyes 24660 y 8465, donde todas las personas privadas de la libertad pueden ejercer el derecho a educarse sin ser discriminadas por su situación procesal de encierro.
La Dirección General de Escuelas, desde de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, cuenta con profesionales que acompañan y ejecutan la modalidad en contextos de privación de la libertad y brindan el servicio educativo en todos sus niveles en los cuatro complejos penitenciarios, 10 centros de alojamiento permanente y ocho alcaidías de alojamiento transitorio.
Durante el ciclo lectivo 2024 hay registrados 843 personas privadas de la libertad que cursan el nivel primario, 594 en el nivel secundario, 430 que se forman en los Centros de Capacitación para el Trabajo y 256 personas que están dentro del nivel universitario.
La modalidad en contexto de privación de la libertad tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas que están dentro de las instituciones penitenciarias. Los profesionales de la educación que trabajan en esta modalidad ofrecen un servicio de acuerdo al nivel educativo que quiera alcanzar la persona privada de la libertad. También deben apoyar las iniciativas que formulen los estudiantes dentro de la educación no formal, y estimular la creación artística, manifestaciones culturales y hasta actividades deportivas.
La Dirección General de Escuelas junto al Servicio Penitenciario deben brindar información permanente sobre las ofertas educativas, contribuyendo a la inclusión social y a la vida cultural de las personas.
Además, se propone a la escuela como un ámbito de libertad y se recupera la identidad y el reconocimiento entre pares. El compromiso docente es fundamental para acompañar los procesos educativos dentro de los penales y buscar una mejor reinserción escolar, así como promover la formación integral y el desarrollo pleno de las personas privadas de la libertad.