El compromiso con la reintegración social y laboral de personas privadas de libertad sigue creciendo en Mendoza. Esta semana, dos nuevos convenios fueron rubricados por la empresa Rerda SA y la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), quienes se suman formalmente a un programa que promueve el trabajo y la capacitación dentro de los establecimientos carcelarios.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, impulsa políticas activas para favorecer la instalación de talleres productivos en el ámbito penitenciario, como herramienta clave para mejorar las condiciones de formación y empleo de quienes están cumpliendo una condena.
Durante la jornada, el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y la subdirectora Alejandra Llarena, recibieron a representantes de las empresas firmantes, entre ellos, Oscar Rerdanoski, titular de Rerda SA, y Daniel Vilches, presidente de STM. Ambos refrendaron su compromiso mediante la firma de acuerdos de cooperación y dialogaron sobre la importancia de sumar actores al proceso de inclusión social, ya sea mediante capacitaciones o la adquisición de productos fabricados por los internos.
El propósito central de esta política es que los talleres productivos no solo sirvan para el aprendizaje, sino también como una fuente genuina de ingresos y un paso hacia la autonomía económica una vez recuperada la libertad.
“Tenemos muchas expectativas puestas en la posibilidad de montar un taller textil en contexto de encierro, con una misión claramente social y orientada a lograr una reinserción real”, expresó Rerdanoski.
Por su parte, Vilches celebró la iniciativa afirmando que se trata de “un modelo sumamente beneficioso”, ya que abre una alternativa laboral concreta para personas privadas de libertad y al mismo tiempo ofrece a las empresas una opción ventajosa en cuanto a relación costo/calidad.
La gestión del gobernador Alfredo Cornejo, junto con la ministra Rus, ha puesto como prioridad fortalecer la formación laboral de los internos, con la mirada puesta en facilitar su acceso al empleo tras cumplir su condena.
Este trabajo conjunto con organizaciones privadas crea un entorno favorable para ampliar la oferta laboral en el sistema penitenciario, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de comercialización para los productos fabricados en los talleres internos.
El Servicio Penitenciario, en tanto, se compromete a ofrecer espacios adecuados, infraestructura y servicios básicos para el desarrollo de estas actividades. Las empresas, por su lado, deben aportar equipamiento, insumos y formación técnica para el personal.
“La idea es brindar herramientas que tengan un impacto concreto en la vida de las personas que están en situación de encierro, y al mismo tiempo que las empresas accedan a un ámbito seguro y estructurado para desarrollar sus operaciones”, destacaron desde la institución.
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