El Senado aprobó una iniciativa impulsada por el senador Alejandro Diumenjo para incluir en la Ley de Deportes un protocolo que contenga algunos requerimientos específicos, para prevenir, detectar y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte.
“El acoso y abuso sexual constituyen modalidades de violencia sexual que no solo atentan contra la libertad sexual sino que también lesionan el derecho fundamental a la integridad física y moral (Art. 5 Convención Americana de Derechos Humanos.) y constituyen un atentado contra la dignidad y desarrollo de la personalidad. Los acosos y abusos sexuales son experiencias traumáticas que repercuten negativamente en el adecuado desarrollo de la personalidad y en el estado físico y psicológico de los que lo padecen. Este tipo de violación a los derechos humanos no escapa del ámbito del deporte ni de las instituciones donde éste se realiza”, reza fragmento del proyecto.
La propuesta busca incorporar al artículo 5° de la Ley Provincial de Deporte Nº 6457 el inciso 15) y el inciso 16) que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Inc 15) Promover un trato digno entre las personas, con énfasis en la prevención, detección y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato el deporte.”
“Inc 16) Elaborar y hacer cumplir un protocolo de prevención, detección y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato para la prevención, detección y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte”.
La propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión.
Modificación a la Ley de Deportes
El objeto fundamental de esta Ley es la protección, fomento del ejercicio y desarrollo de las actividades deportivas, el ordenamiento del deporte y la recreación en cualquiera de sus modalidades. Por tal motivo el Estado Provincial deberá elaborar y desarrollar los planes en materia deportiva orientando, promoviendo, formando, asistiendo y fiscalizando las actividades relacionadas con la práctica deportiva.
Asimismo, buscará su realización como medio de desarrollo integral de las personas, orientadas a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación en general.
El protocolo que deberá tener y al cual debe adherir cada institución deportiva, determina la protección y fomento del trato digno entre las personas, con especial énfasis en la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato.
El acoso y abuso sexual constituyen modalidades de violencia sexual, que no solo atentan contra la libertad sexual, sino que también, lesionan el derecho fundamental a la integridad física y moral de cualquier individuo, constituyen un atentado contra la dignidad y desarrollo de la personalidad.
Los acosos y abusos sexuales son experiencias traumáticas que repercuten negativamente en el adecuado desarrollo personal, en el estado físico y psicológico de lo/as que padecen. Este tipo de violación a los Derechos Humanos no escapa del ámbito del deporte, ni de las instituciones donde se realizan estas prácticas.
Es válido destacar que las relaciones entre los profesionales y autoridades del mundo del deporte y las personas que lo practican son de carácter vertical, esto implica una desigualdad basada en el mayor poder y autoridad frente a quien realiza la práctica deportiva.
Estas relaciones asimétricas pueden ser utilizadas de forma positiva, para establecer los límites, enseñar una disciplina y respeto y dar seguridad, o de forma negativa, utilizándolas para forzar la realización de conductas que implican un grave riesgo para el desarrollo de la persona, como son los maltratos y abusos. También hay que tomar en consideración la posibilidad de que se produzcan situaciones de acoso y abuso sexual entre los propios deportistas y sus pares.
Por todo esto fue que el senador Alejandro Diumejo presentó esta propuesta que busca prevenir, concientizar y abordar este tipo de conductas, a través de un protocolo que establece distintos requerimientos y temáticas para que no se produzcan actos de discriminación, abusos o acosos sexual, maltrato o abuso de autoridad.