En un operativo llevado a cabo en Las Heras, la Policía detuvo a una mujer de 44 años y a un comerciante de 38, acusados de participar en la protesta antiminera que derivó en disturbios el mes pasado en Uspallata. Ambos fueron identificados como L.M.G.O. y M.I.C.G., y se suman a los otros dos detenidos por los hechos ocurridos el 24 de enero, cuando manifestantes irrumpieron en la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros.
Investigación y cargos
Por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez, especializado en delitos ambientales y no especializados, los operativos se realizaron en la localidad de Las Heras. Durante los allanamientos, además de las detenciones, la Policía secuestró teléfonos celulares que quedaron bajo análisis judicial.
Los detenidos serán imputados por "agrupación para la coerción ideológica", un delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes intenten imponer o combatir ideas mediante la fuerza o el temor.
Los hechos son investigados por la Fiscalía de Homicidios, que desde el inicio destacó la gravedad de los incidentes. Según el fiscal Carlos Torres, el ataque contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, habría sido premeditado. Además, se encontró un bidón con combustible en el lugar, aunque se descartó la presencia de bombas molotov.
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Disturbios en la alta montaña
El conflicto estalló el 24 de enero a las 18 horas, justo cuando comenzaba el acto de inauguración de la Cámara de Servicios Mineros. Unos 70 manifestantes irrumpieron en el evento con pancartas y gritos en contra de la minería. Según testigos, algunos lograron tomar el escenario y obligaron a las autoridades a refugiarse en una oficina cercana.
El enfrentamiento se tornó violento cuando miembros de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), quienes apoyaban la actividad minera, reaccionaron ante los manifestantes. Aunque la Policía no reportó heridos graves, se registraron agresiones y daños en el lugar.
El caso sigue en desarrollo, y la Fiscalía analiza más pruebas para determinar si hubo una organización previa para generar los disturbios. Mientras tanto, la Cámara de Proveedores Mineros insiste en que estos hechos no pueden quedar impunes y exigen mayores garantías de seguridad en futuras reuniones.