La tarde del viernes en Uspallata se transformó en un escenario de tensión y violencia cuando un grupo de manifestantes antimineros irrumpió en la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros Locales. Los disturbios incluyeron el uso de nafta y bombas molotov, marcando un aumento en la agresividad de las protestas contra la minería en la región.
Los incidentes comenzaron cuando empresarios y representantes de diversas cámaras mineras intentaron abrir una oficina destinada a proveedores locales. Sin embargo, un grupo de antimineros radicalizados, presuntamente con apoyo externo, impidió el evento utilizando fuego y alterando el orden. La situación escaló en medio de enfrentamientos con obreros de la UOCRA, quienes acudieron para respaldar la actividad minera.
La violencia fue repudiada por varias autoridades presentes, como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, y la vicegobernadora Hebe Casado. Según información oficial, uno de los incidentes más graves involucró al nieto del empresario Edgardo Vera, presidente de la Cámara, quien sufrió quemaduras en el cabello debido al fuego utilizado por los manifestantes.
Detenidos e implicados en la protesta
A raíz de los incidentes, la Policía detuvo a dos personas identificadas como Miguel Pablo González, alias "El Mostro", y Marcelo Correa Molina, ambos residentes de Uspallata. González trabaja en una gomería de la zona, mientras que Correa intentó huir tras ser acusado de atacar al empresario Edgardo Vera.
Además, otras personas fueron señaladas por incitar a la violencia, entre ellas Leticia González, hija de uno de los detenidos; Federico Soria; y Mauricio Cornejo, propietario de un comercio de artesanías. Este último, considerado uno de los principales agitadores, se encuentra prófugo y con orden de captura emitida por el fiscal Carlos Torres.
Los dos detenidos están bajo custodia en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo y se espera que declaren este lunes ante la fiscalía correspondiente.
Un contexto de resistencia antiminera
Las protestas antimineras en Mendoza no son nuevas, especialmente desde la instalación de la minera San Jorge y la sanción de la ley 7.722, que regula la actividad. Sin embargo, lo sucedido en Uspallata refleja un recrudecimiento en las tácticas de resistencia, con un grupo reducido pero radicalizado que ejerce una fuerte presión social.
El comerciante Edgardo Vera ya había solicitado medidas de seguridad al Ministerio de Seguridad ante la posibilidad de protestas durante la inauguración de la oficina de proveedores mineros. Pese a estas precauciones, el acto terminó en caos cuando los manifestantes arrojaron cartones encendidos y combustible dentro del local, poniendo en peligro a los asistentes.
Lo sucedido en Uspallata recuerda otros episodios de violencia antiminera en Argentina, como los disturbios en Mendoza en 2019 y los ataques en Chubut en 2021, donde grupos radicales destruyeron edificios públicos y prendieron fuego al Diario El Chubut. Estos antecedentes, aunque judicializados, evidencian una peligrosa tendencia hacia métodos extremos en la lucha contra la minería.
Con todos los implicados citados a declarar este lunes, las autoridades buscan avanzar en la investigación para frenar la violencia y proteger las actividades lícitas que promueven el desarrollo regional.