El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) presentó los recursos formales contra la sentencia que absolvió en octubre último a todas las acusadas en el expediente por los delitos cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de la sentencia dictada por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna, quienes absolvieron a las mojas Kumiko Kosaka, Asunción Martínez, la exdirectiva Graciela Pascual, entre otras imputadas, quienes habían llegado al juicio acusadas de participes en las causas conocidas públicamente como Próvolo II.
En un extenso recurso Alejandro Iturbide, fiscal jefe, y Gonzalo Nazar, fiscal adjunto penal, "han planteado todos y cada uno de los vicios de la sentencia", informó hoy en un comunicado el MPF mendocino.
Añadieron que los funcionarios judiciales pidieron "su entera anulación a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, es decir, con intervención de sus siete miembros dada la trascendencia de los temas aludidos que exceden el interés de las partes de este caso al referirse al tratamiento de personas con discapacidad".
Entre los "agravios principales" destacaron "no haber valorado el testimonio de las víctimas conforme las pautas internacionales en casos de abusos sexuales ocurridos en la infancia, para mujeres en su mayoría, y personas con discapacidad"
Mencionaron, además, haber quitado valor a los informes del Equipo de Abordaje en Abuso Sexual dependiente del MPF ( E.De.A.A.S.) bajo el argumento de "trabajar sus profesionales sólo con sesgo de confirmación de los hechos", siendo que las tres juezas "en momentos inmediatos anteriores a la sentencia e incluso en tiempo concomitante, dictaron otras sentencias condenatorias valiéndose de informes del mismo organismo, sin queja alguna y considerando valioso el aporte de sus profesionales".
También cuestionaron "no haber tratado veintidós pruebas invocadas por la Fiscalía, entre testimoniales y documentales, que podrían haber dado un rumbo distinto a la sentencia. No hay una sola palabra sobre estas pruebas".
Y las acusaron de "haber mejorado la posición de los defensores, en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate".
Las juezas dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate el 18 de octubre ultimo, que constó de más de 300 audiencias y la declaración de más de 100 testigos.
Nueve mujeres llegaron imputadas al juicio, aunque finalmente la parte acusatoria solo pidió condena para 5 de ellas en la etapa final, y entre ellas, Kosaka tenía 6 imputaciones como partícipe primaria y una como autora de uno de los abusos, mientras que para la exrepresentante legal del Próvolo, Graciela Pascual habían pedido 18 años de cárcel como partícipe primaria y para la monja, Asunción Martínez la parte acusatoria solicitó 10 años de prisión, también imputada como partícipe por omisión.
Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 25 años de prisión.
El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.
El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años.
El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.
