Familiares y sobrevivientes de los abusos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza reclamaron frente a los Tribunales de esa provincia que el segundo juicio contra dos monjas, directivas y empleadas de ese institutución católica carece de perspectiva de género, diversidad y discapacidad.
Además, apuntaron contra los abogados de la defensa por "entorpecer" el desarrollo del proceso.
La manifestación se realizó al cumplirse este jueves dos años de la sentencia histórica en la que se condenó a dos curas por los abusos de niños y jóvenes sordos e hipoacúsicos.
El Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo denunció en un documento “que la Iglesia Católica, a través de sus abogados, revictimiza, censura y persigue” tanto a sobrevivientes de las vejaciones “como a periodistas y otros actores fundamentales en este proceso”.
Además, informó que, junto a la organización Xumek, realizó una ampliación de la denuncia ya presentada en el año 2020 en la Organización de la Naciones Unidas,
“La instancia judicial de esta segunda causa se viene desarrollando con serias vulneraciones a los derechos de los sobrevivientes que tienen que ver con la no implementación de la perspectiva de discapacidad y de género” dijo a Télam, Érica, hermana de una de las victimas.
La joven, quien también pidió celeridad en el proceso que comenzó en mayo último destacó que de las casi 90 personas que citadas a declarar, entre testigos y víctimas, "solo lo han hecho completamente tres víctimas, en condiciones de extrema vulnerabilidad".
El documento del Colectivo agrega que "esto se debe a los constantes entorpecimientos que provoca la defensa de las acusadas, gracias a que el tribunal tolera esta situación al ignorar el grave daño que esto ocasiona en las víctimas”.
"Un procedimiento que tendría que devolverle sus derechos a las víctima está dañando su integridad psicofísica y la de sus familias, dados los constantes ataques de los representantes de la Iglesia que son tolerados por el nuevo tribunal”, añadió.
Erica resaltó que ser trata de “sobrevivientes que pasaron hechos traumáticos y están poniendo a disposición su historia de dolor para que esto no vuelva a repetirse y obtener justicia" y advirtió que "ni siquiera hay una contención en la espera ni un trato adecuado”.
La causa se inició en noviembre de 2016, cuando el primer testimonio de los abusos salió a la luz y comenzó una investigación que reveló el horror que sufrían los niños, niñas y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo durante décadas.
El 25 de noviembre de 2019, el primer juicio llegó a su fin y los principales responsables, los curas católicos Nicola Corradi y Horacio Corbacho, recibieron condenas de 42 y 45 años de prisión, respectivamente.
Desde el 3 de mayo de 2021 se desarrolla el segundo juicio, que tiene como imputadas a dos monjas junto a otras autoridades y empleadas del Instituto.
Esta segunda causa determinará la responsabilidad penal de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.
También se sientan en el banquillo de los acusados la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las ex directoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60).
Junto a ellas estarán la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), cuyas imputaciones giran en torno la participación necesaria por omisión, es decir que se las acusa facilitar los abusos al no denunciarlos.
