Los legisladores recibieron a Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, quien explicó los alcances de esta propuesta que ya cuenta con sanción de Senado, y los antecedentes que dieron lugar a la iniciativa.
La funcionaria indicó que además de casos puntuales ocurridos, se tomó como antecedente el artículo 141° de la Ley de Educación nacional, “que invita a las provincias a modificar las legislaciones vigentes para que aquellas personas que tuvieran una condena contra la integridad sexual, no puedan insertarse al sistema educativo” pero, además, se está cumpliendo con la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, “porque tenemos que preservarlos”.
“Así, introdujimos estas modificaciones al Estatuto y a la vez ampliamos los alcances porque creíamos que una Ley no basta para su implementación”, sostuvo, a lo que agregó que incluso “ya tenemos otro tipo de articulación con la justicia”, desde donde “nos envían inmediatamente los oficios”.
Lo que se busca con esta modificación al Estatuto Docente, es que ante un caso de condena directamente la persona “no puede ingresar” al sistema educativo, pero además, se incorporaron otros delitos como la supresión de identidad y, en su tratamiento en la Cámara Alta, “hubo una modificación que la propuso el diputado Gustavo Cairo y la introdujo senadores, para que tampoco pueda ingresar a niveles jerárquicos, quienes tengan condenas por malversación de fondos”.
Asimismo, a la inhabilitación permanente, “le incorporaron la exoneración por diez años y permanente por este tipo de delitos”, dijo García.
Otro aspecto resaltado por la funcionaria es el Registro Único de Sumariados, inhabilitados, “para tener los antecedentes de estas personas”. En esa línea, indicó que se está trabajando en la firma de un compromiso con el Ministerio de Seguridad, “porque cuando nos presentan los certificados de antecedentes penales, muchas veces no sale la última información de la persona. Con esta información que como Estado estaríamos pudiendo tener, impediríamos que quienes cometan esos delitos puedan ingresar”, sean docentes, administrativos o celadores.
De esta manera, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo establece entre los requisitos “no encontrarse condenados penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia sea en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos comprendidos en los Capítulo II al V del Título III, Capítulo II del Título IV y Capítulo I del Título V, del Libro Segundo del Código Penal", que hacen referencia a delitos contra la integridad sexual; supresión y suposición del estado civil y de la Identidad, y delitos contra la libertad individual. Tal disposición, aplica también a docentes suplentes, celadores titulares y suplentes, y personal administrativo.
Por otra parte, incorpora la exoneración e inhabilitación permanente para el ejercicio de la docencia por condena por estos delitos y dispone como elemento de juicio para los concursos de antecedentes y méritos a cargo de la Mesa Calificadora, no estar condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título XI, del Libro Segundo del Código Penal, esto es, malversación de caudales públicos.
Además de establecer el procedimiento para las sanciones, detalla que la cesantía implica la inhabilitación especial por el término de tres años; la exoneración, por diez años salvo para el caso de los delitos antes mencionados en que la inhabilitación especial será permanente.
Las instituciones educativas de gestión pública o privada, deberán garantizar que aquellos docentes inhabilitados de forma permanente no ingresen al sistema de acuerdo a la reglamentación.
De la misma manera, prevé la creación en el ámbito de la Dirección General de Escuelas el Registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones (RUSSI) para docentes y celadores, titulares y suplentes, y personal administrativo
El despacho contó con el voto favorable de los diputados presentes y la abstención de Natalia Vicencio, quien no obstante dijo que es un proyecto “que debería haber salido hace mucho tiempo. Desde lo personal lo comparto. Me parece bien que se unifiquen los canales judiciales. Lo que sí, respecto a los protocolos emergentes, pido al gobierno trabajar en esos protocolos de actuación y sobre todo en cuanto a la contención y el abordaje en torno a las situaciones que se presenten”, a lo que agregó que “es importante el abordaje de equipos interdisciplinarios, y requiere de un recurso humano y articulación con el área de salud”.
En tanto, Claudia Salas (UCR), argumentó que “las familias ven en la escuela una herramienta fundamental y se verán más protegidos los niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto innovador y ayuda muchísimo. El registro es fundamental”.
También Laura Balsells Miró (PRO), afirmó que “es una herramienta muy necesaria para nuestros niños, para proteger sus derechos”.