Es sabido que cuanto más se encuentre indefenso un individuo en la sociedad tanto más necesitará el apoyo y el cuidado de los demás, en particular, de la intervención de la autoridad pública. Así lo indica el principio de solidaridad. En efecto, el régimen operativo de OSEP tiene su sustento en este principio. Es decir, no importa cuánto aporte cada afiliado, todos tienen acceso a las mismas prestaciones.
Es más, en Mendoza dicho principio se trasluce ostensiblemente si notamos que cada afiliado aporta un 6% del monto bruto de su salario, contra un 3% que fija la ley de Obra Sociales Nro. 23.660.
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“Es el de Mendoza el sistema más solidario en Argentina, con un universo cautivo que aporta sin necesidad de gestión de cobranzas. Lamentablemente, el gobierno de Mendoza no realiza el mismo sacrificio que sus trabajadores, cuando, no caben dudas, es quien se encuentra en mejores condiciones de aportar a la regularización de la OSEP”, afirma Ramiro Quevedo Mendoza, secretario general de la asociación.
Los dirigentes de APOC estiman que las malas administraciones gubernamentales, los desmanejos y la pésima prestación de servicios, increíblemente son las causas fundamentales de la actual situación de la OSEP, y hoy el Poder Ejecutivo provincial pretende, mediante una fórmula mágica (la más cómoda), aumentar aún más el aporte que recae sobre los afiliados, sin ni siquiera amagar con efectuar una reforma estructural y profunda, que ataque los verdaderos motivos de la debacle en que se encuentra inmersa nuestra obra social. A quien mal administra el estado mendocino pretende entregarle más fondos ajenos como si el fuego se pudiera apagar con nafta.
Es así que los trabajadores de los organismos de control no se quedan callados frente a la maniobra del gobierno de turno y se ponen en guardia para exigir que los legisladores den la espalda al seudo proyecto de saneamiento presentado por el gobierno.
Además, desde APOC entienden que hay una razón de elemental lógica que explica el desfinanciamiento que ha experimentado la obra social en las últimas gestiones: el gobierno ha aplicado una sistemática política de reducción de salarios sin advertir que con ello no sólo afecta gravemente el bolsillo de los trabajadores, sino que desfinancia a la obra social de los empleados públicos mendocinos, que se nutre invariablemente de los aportes de sus afiliados. Es que la relación vincular entre salarios públicos e ingresos de la obra social, es directa: si se reducen los ingresos de los trabajadores se reducen los ingresos de la obra social; si los aumentos salariales van por debajo de la inflación el desfinanciamiento de OSEP resulta inexorable.
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Para fundamentar estas apreciaciones, los trabajadores de los organismos de control recurren a datos que las confirman. “No caben dudas que es el gobierno provincial el gran responsable de este desfinanciamiento. No sólo fue el único estado provincial que no reconoció ni un solo punto de aumento frente al 36,1% de inflación del caótico año 2020 (año en el cual el Gobierno obtuvo un ahorro de más de $12.000.000.000), sino que sistemáticamente en los años posteriores jamás llegó a cubrir el índice inflacionario, produciendo una verdadera debacle salarial en los bolsillos de los trabajadores del Estado mendocino y por propiedad transitiva sobre las finanzas de nuestra obra social”.
Basta observar cómo se ha reducido drásticamente la incidencia de los sueldos en los ingresos y gastos del estado (mientras que en el año 2020 los sueldos representaban un 52% de los ingresos del estado provincial, en el año 2022 representan sólo el 36,91%), para comprender cuál es una de las causas fundamentales de la desfinanciación más importante que ha experimentado la OSEP. La idea de nuestros gobernantes de turno, de un estado más eficiente y eficaz, incluye a sus actores principales -los trabajadores- cada vez más pobres y sin la mínima provisión de servicios sociosanitarios tendientes a preservar su salud.
“Se impone, entonces, que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y contemplen no sólo la ineficacia e inoperancia del proyecto de ley que hoy les toca debatir, sino que procuren que cualquier reforma que se intente abarque -necesaria y primariamente- una profunda reforma funcional y estructural de nuestra obra social, soportando el Estado provincial el costo de su saneamiento”, finalizan.