Los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y los dos primeros de Alberto Fernández tienen algunos puntos en común, más allá de sus diferencias políticas. Uno de ellos se relaciona a que ninguno impulsó la creación de fueros especializados en derechos de usuarios y consumidores, quizá por falta de voluntad política, por desconocimiento o porque ninguno lo consideró importante, cuenta el diputado nacional José Luis Ramón en una misiva colgada en varias plataformas sociales.
Hace años asistimos a una fiesta de aumentos de la que sólo disfruta un pequeño grupo de empresas. El amiguismo es una continuidad entre un gobierno y otro, mientras los organismos de control siguen influenciados por las proveedoras y/o productoras, incumpliendo su función.
La crisis económica que hace años atraviesa nuestro país, sumado a las graves consecuencias de la pandemia y la concentración de las actividades, demuestran que establecer fueros especializados no es un tema menor. Recientemente tuvimos el ejemplo del ENACOM, sus idas y vueltas con relación a los aumentos tarifarios en servicios esenciales TIC. El organismo, lejos de posicionarse en defensa de los usuarios, facilita los incrementos y cede a las presiones empresariales.
Desde nuestra fuerza política, siempre luchamos por un mercado más justo y humano. Hace falta una justicia especializada y rápida, porque, como vemos hace tiempo, estas empresas se hacen justicia por sí mismas con sus bases de datos, su poder económico y de lobby. Los aumentos arbitrarios de DirecTV, Telecom, del impuesto automotor o las proveedoras de gas y electricidad son inaceptables.
Usuarios y consumidores gastan su tiempo y recursos reclamando a las diferentes empresas, y cuando pierden la paciencia – si tienen tiempo – acuden a Defensa al Consumidor. Pero ahí tampoco encuentran una respuesta favorable, porque esas oficinas no tienen poder real frente a una economía híper concentrada. Por eso, proponemos abogados gratuitos para los consumidores, y que los procesos se resuelvan rápido y de forma definitiva.
Otro abuso tiene que ver con la inflación en alimentos, que en lo que va del año fue del 17,23%. Es una locura si entendemos las necesidades de la ciudadanía. Por eso, para poner en pie de igualdad a los consumidores frente a las pocas empresas que acaparan la producción de bienes y servicios esenciales, debemos implementar un fuero del consumidor que tenga en cuenta las situaciones particulares de las personas. Hay que terminar con la indiferencia de los jueces frente a los problemas de los más débiles.
Es fundamental que los fiscales los defiendan en causas civiles y comerciales, controlando que no haya abusos en los procesos y que las protecciones dictadas por la Constitución Nacional sean efectivas. A eso podemos sumar fiscalías especializadas en delitos cuando afectan a grupos de consumidores (fraudes, robos, daños a la vida y a la propiedad). Así nos alejaremos del enfoque penal de los fiscales, dando prioridad también a las causas civiles.
Estas son las propuestas que impulsamos hace años desde el Congreso Nacional. Argentina necesita con urgencia de una justicia especializada para alcanzar un equilibrio verdadero, consumidores empoderados y PyMEs con mayor igualdad frente a las grandes empresas.