El gobierno de ese país acusa a Google de mantener un “monopolio ilegal” en las búsquedas y publicidad de internet. Podría ser un proceso judicial que dure varios años.
El gobierno de Estados Unidos inició un proceso judicial contra Google por mantener un “monopolio ilegal” en las búsquedas y publicidad en internet, solicitando cambios “estructurales” que abren la puerta a una posible fragmentación de la compañía.
La causa podría tardar años en desarrollarse, pero desde ya inicia una enorme batalla entre el gobierno estadounidense y un gigante tecnológico.
El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, dijo que el caso iniciado junto a 11 estados apunta a la posición monopólica de Google en el ecosistema digital.
“Google es la puerta de entrada a internet”, dijo Rosen, citando los miles de millones en pagos de la compañía a los fabricantes de dispositivos para seguir siendo el motor de búsqueda principal.
Luego agregó: “Ha mantenido su monopolio mediante prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia”.
La demanda iniciada en Washington propone que la corte considere una serie de soluciones, entre ellas una posible fragmentación de la empresa, aunque no ofrece demasiadas precisiones.
Los demandantes piden al tribunal “prohibir a Google” las prácticas monopólicas y considerar “el alivio estructural necesario para curar cualquier daño” a sus competidores. Eso podría significar cambios internos en el gigante.
Ante esta situación, desde la firma no se quedaron callados y calificaron la demanda como “profundamente viciada” .“La gente usa Google porque lo elige, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas”, añadieron.
La demanda fue presentada después de meses de investigaciones por parte de agentes antimonopolio federales y estatales en el país, que buscan verificar el poder de la gigantesca tecnológica, y pesquisas paralelas a otros titanes como Amazon, Facebook y Apple.
Las agencias federales, los comités parlamentarios y los fiscales han iniciado varias investigaciones contra estas compañías en casi todos los estados del país.
El comportamiento de estas empresas han desatado la ira tanto de los funcionarios conservadores, que los acusan de parcialidad; como de los progresistas, preocupados por las infracciones de la ley de competencia y el fortalecimiento de las desigualdades.