En uno de los primeros roces diplomáticos tras la asunción de Donald Trump, el gobierno de Brasil protestó ante Estados Unidos por el trato humillante que recibieron migrantes deportados tras ser detenidos por estar en situación irregular en el país norteamericano. Según la denuncia oficial que el gobierno de Lula da Silva envió a la administración republicana, los 88 brasileños deportados fueron sometidos a condiciones indignas, incluyendo ser esposados y atados dentro del avión que los transportó de regreso.
Paralelamente, Colombia rechazó el aterrizaje de dos aviones militares con migrantes deportados, mientras que Trump anunció severas sanciones contra el gobierno de Gustavo Petro, a quien acusa de liderar un “régimen socialista”.
El reclamo brasileño se centra en lo ocurrido con los deportados que llegaron el pasado viernes a Manaos, Amazonas, en un vuelo procedente de Estados Unidos. Los migrantes tuvieron que permanecer en el aeropuerto durante varias horas debido a problemas administrativos que retrasaron su ingreso al país. Finalmente, el Ministerio de Justicia brasileño ordenó que un avión de la Fuerza Aérea se encargara de su traslado a Belo Horizonte, su destino final.
Reunión en Manaos para recabar información
El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, se Reunión en Manaos con el delegado Sávio Pinzón, de la Policía Federal, y el brigadier Ramiro Pinheiro, del 7º Comando Aéreo Regional, para obtener detalles de los incidentes registrados en el aeropuerto Eduardo Gomes. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la plataforma X, el encuentro permitirá sustentar el pedido formal de explicaciones al gobierno estadounidense por el trato degradante hacia los pasajeros del vuelo de deportación.
En un comunicado, la Cancillería brasileña detalló que los deportados fueron sometidos al uso de esposas y cadenas, además de viajar en una aeronave en malas condiciones, con un sistema de aire acondicionado defectuoso. También reafirmaron su compromiso de seguir cerca de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos para garantizar la seguridad y dignidad de los brasileños residentes en ese país.
Testimonios de un viaje indigno
El Ministerio de Justicia brasileño ordenó que las esposas fueran retiradas de inmediato al aterrizar en Brasil y condenó el “flagrante irrespeto a los derechos fundamentales” de sus ciudadanos. En el comunicado oficial se enfatizó que la dignidad humana es un pilar del estado democrático de derecho y constituye un valor innegociable.
“Nos tuvimos esposados de pies y manos, no nos daban agua ni nos dejaban usar el baño”, relató Edgar Da Silva Moura, un técnico informático de 31 años, quien pasó siete meses detenido en Estados Unidos antes de ser deportado. Según su testimonio, las altas temperaturas dentro del avión hicieron que algunas personas se desmayaran.
Luis Antonio Rodrigues Santos, de 21 años, describió la experiencia como una “pesadilla”, mencionando problemas respiratorios entre los pasajeros debido a la falta de aire acondicionado durante más de cuatro horas. Además, aseguró que una de las turbinas del avión tampoco funcionaba correctamente.
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos de Brasil, Macaé Evaristo, expresó su preocupación por la presencia de niños con autismo y otras discapacidades en la aeronave, quienes enfrentan condiciones extremas. “Los países tienen derecho a establecer políticas migratorias, pero nunca deben violar los derechos humanos”, afirmó, dando la bienvenida a los deportados brasileños.
Las políticas de Trump contra los migrantes
El pasado 20 de enero, Donald Trump inició su segundo mandato con una serie de decretos ejecutivos enfocados en endurecer las medidas migratorias. Las medidas incluyen deportaciones masivas, el despliegue de tropas en la frontera con México y la detención de cientos de personas en situación irregular.
Durante su campaña, Trump calificó a los inmigrantes indocumentados como “criminales” y prometió llevar a cabo “la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos”, un país donde residen alrededor de 11 millones de migrantes sin estatus legal.
Tom Homan, responsable de las políticas migratorias del nuevo gobierno, indicó que las acciones iniciales se centrarán en deportar a aquellos con antecedentes penales y en reducir la llegada de refugiados.
Rechazo de Colombia y México a vuelos de deportación
En una postura similar a la de Brasil, el gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, rechazó el ingreso de dos aviones militares estadounidenses con migrantes deportados. El mandatario condenó la práctica, señalando que los migrantes no deben ser tratados como criminales y deben ser recibidos con dignidad.
En un mensaje en X, Petro aseguró que su país solo permitirá la entrada de deportados en aviones civiles y recordó que en Colombia residen más de 15.000 estadounidenses en situación irregular. México también se sumó al rechazo, al negar la semana pasada el aterrizaje de un avión militar estadounidense con deportados.
Estos episodios reflejan el creciente descontento en América Latina ante las medidas migratorias de la administración Trump, que en su primera semana en el poder ya ha comenzado a implementar deportaciones masivas.