Mediante un comunicado el CEM explicó:
“Esta disposición vulnera los contratos internacionales preexistentes, ocasionando la pérdida de mercados, afectando negativamente las inversiones y las exportaciones, y claramente nos desfavorece al momento de disputar los mercados internacionales. Sus consecuencias gravosas van más allá, deteriorando también a las actividades vinculadas a la cadena productiva ganadera. Adicionalmente, la incertidumbre, la falta de reglas claras y permanentes en el tiempo, deterioran sistemáticamente la imagen de nuestro país.
Esta medida tuvo su antecedente en marzo de 2006 buscando el mismo fin: controlar y bajar los precios de la carne en el mercado interno, y que duró finalmente 10 años. Lo que se logró fue que en nuestro país se cerraran frigoríficos, desaparecieran miles de productores ganaderos, se destruyeran puestos de trabajo, se perdiesen mercados y divisas, tan necesarias en nuestro país. No estamos de acuerdo en que sea una maldición exportar carnes o exportar alimentos; es una falacia este planteo.
Una vez más, un sector productivo que genera riqueza, empleo, exportaciones, innovación, es atacado con este tipo de medidas que, no solo son ineficaces para lograr los objetivos para las cuales fueron creadas, sino que buscan culpar al sector empresario de los males de la Argentina.
El aumento de precios es producto de una inflación que desde hace tiempo el gobierno no puede controlar, porque desde hace años el Banco Central de la República Argentina ha dejado de cumplir el principal objetivo: preservar del valor de nuestra moneda, y se ha dedicado a financiar sistemáticamente los recurrentes déficits fiscales de un Estado nacional que resulta cada vez más difícil ser sostenido por el sector privado.
Es por esto que desde el Consejo Empresario Mendocino solicitamos esta medida sea reconsiderada y se genere un diálogo intersectorial constructivo. Es urgente y necesario revertir esta lamentable decisión y avanzar hacia una agenda constructiva y positiva para nuestro país”.
