La provincia presentó PRC, la nueva empresa estatal de minería
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La provincia presentó PRC, la nueva empresa estatal de minería

Emilio Guiñazú, gerente general de la empresa mendocina, expuso en el Simposio Internacional de Infraestructura y Minería. Presentando a PRC, el nuevo nombre de la Ex Potasio Río Colorado, explicando cual es el objetivo de la Provincia y anticipando el procedimiento para la búsqueda de inversores para el proyecto.
Redacción
30/05/2021 18:40

El Gobierno de Mendoza presentó formalmente a PRC, el nuevo nombre de la Ex Potasio Río Colorado, y anticipó el proceso de búsqueda de inversores para el yacimiento de potasio ubicado en Malargüe, luego de 8 años de inactividad desde que Vale dejara de operar en la zona. Lo hizo en el Simposio Internacional de Infraestructura y Minería, recientemente declarado de interés por el Gobernador Rodolfo Suarez.

En esta nueva etapa de la empresa, su accionista, la provincia de Mendoza, lanza la búsqueda de un nuevo inversor para poder poner en marcha el proyecto. Se trata del más importante de Latinoamérica en su tipo y uno de los más grandes del mundo en cuanto a riqueza en potasio.

Emilio Guiñazú, recientemente nombrado gerente general de la empresa, fue el encargado de exponer dejando un mensaje claro: la reactivación de la mina es una Política de Estado para la provincia y por eso fue aprobada por Ley.

La nueva cúpula de la empresa está llevando a cabo tareas de optimización y mantenimiento del sitio. El objetivo es evitar el deterioro y mejorar sus condiciones, al tiempo que define el procedimiento de búsqueda y selección de inversores. También se trabaja en preparar la información necesaria para que los interesados puedan evaluar el proyecto.

Guiñazú sostuvo que “nuestra intención en la participación de este seminario, organizado por Panorama Minero, era hacer una presentación formal aclarando las intenciones de la provincia y despejar todas las dudas que puedan haber surgido sobre el proyecto dado su cambio de accionistas”. Y añadió: “Entendemos que la presencia de la provincia como uno de los protagonistas principales del proceso y no como un simple espectador, como venía siendo hasta ahora, ayudará a despejar muchos de los riesgos que puedan haber llegado a existir sobre el mismo además de ser un activo colaborador en la búsqueda de sinergias con el resto de la economía provincial, sobre todo en términos de infraestructura”.

En este sentido, el funcionario afirmó: “Queremos dejar muy claro que reactivar esta mina de la mano de un inversor y operador privado es una política de Estado de Mendoza, plasmada en una ley. La empresa no ha recibido ni recibirá aportes del estado y es obligación del equipo ejecutivo y del directorio garantizar la sustentabilidad económica y financiera de la empresa”.

“Apostamos a que el proceso de búsqueda de un inversor se termine antes de 2022, pero somos conscientes de que hay variables fuera de nuestro control. Tenemos que tener un proceso adecuado y una compañía impecable para para aprovechar la próxima ventana de oportunidad que se genera en el sector potasio”, agregó.

“Este proceso cuenta con aprobación legislativa y queremos despejar cualquier ruido que se haya producido por especulaciones políticas”, detalló el gerente de la minera.

En la presidencia del directorio designado por el Gobernador está el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. Lo secunda como vicepresidente Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno; mientras que el director titular de la empresa es Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública. Es importante mencionar que ellos no perciben sueldos como directores de PRC.

Además, el nuevo directorio definió y aprobó el staff ejecutivo que está al frente de la ahora llamada PRC SA.

Emilio Guiñazú, ex subsecretario de Energía y Minería (renuncio a su cargo para asumir este nuevo rol), está encargado de llevar a cabo desde la gerencia el proceso de optimización de las operaciones y la búsqueda de inversores con las premisas de la austeridad y la optimización de recursos y con un equipo a cargo que incluye desde operatividad hasta estudios medioambientales y financieros.

En 2019, luego de siete años de inactividad por parte de la minera Vale, comenzó una larga negociación entre el Gobierno de Mendoza y la compañía, que culminó con la firma de un acuerdo histórico entre el gobernador Suárez y la empresa y la sanción de la Ley que pasó los activos a la provincia de Mendoza.

Dentro de esos activos que recibió Mendoza hay 80 mil hectáreas con toda la infraestructura necesaria para llevar adelante el proyecto incluyendo instalaciones para 3.000 personas, con habitaciones, hospital, cocina, lavandería, aeropuerto y naves industriales.

El yacimiento tiene reservas certificadas por mas de 150 millones de toneladas lo que potencialmente puede transformar a argentina en uno de los 5 mayores productores de Potasio del mundo.

También para darle uso al cloruro de sodio que es un subproducto de la producción del potasio se estudia la instalación de una planta de soda Solvay una de los componentes principales para la producción de vidrios, muy utilizad en la fabricación de envases para la agroindustria mendocina.

Además, el yacimiento está localizado estratégicamente en la zona de mayor actividad petrolera de la provincia lo que permite proyectar sinergias en términos de logística y transformarlo en un polo de desarrollo local.

Cabe recordar que el Gobierno le otorgó a Vale un plazo de 2 años para que buscara un socio. “Pero esto nunca sucedió”, recordó Guiñazú. De allí surgió que “la mejor alternativa era que Mendoza tomase el control del proyecto y que fuera la Provincia la que saliera a buscar un socio”.

“Trabajamos mucho con la empresa, desde el 2019, para llegar a un acuerdo. Como se trata de una transferencia realizamos una auditoría muy profunda que demandó casi 6 meses de trabajo. Analizamos los aspectos ambientales, legales, societarios, financieros, contables, económicos y llegamos a la conclusión de que era conveniente para la provincia era conveniente avanzar en este proceso”, sumó Guiñazú.

Con este traspaso, “logramos salvar los derechos mineros, rescatamos los estudios y aprobaciones de impacto ambiental y todos los activos físicos, que son 80 mil hectáreas, con todo lo que Vale construyó en la zona. Ahora la provincia encara este proyecto con una estrategia diferente, que es integrar PRC al resto de la economía buscando sinergizarlo con el sector petrolero”.