En medio del debate por la ley ómnibus y el reclamo de los gobernadores por un mecanismo de compensación ante la pérdida de recaudación, los gobernadores argentinos expresan su preocupación por la disminución sostenida de las transferencias nacionales, que experimentan una baja del 12% en el caso de la coparticipación y un alarmante 64% en las transferencias discrecionales.
Este fenómeno financiero agudiza la necesidad de los líderes provinciales de obtener garantías del Poder Ejecutivo nacional sobre posibles medidas para compensar estas pérdidas en el corto plazo.
Según un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas, que incluyen la coparticipación y las leyes especiales, registrarán una disminución real del 12,2%, equivalente a $277.150 millones, descontando la inflación.
Adicionalmente, un análisis de la consultora Politkón Chaco revela que las transferencias discrecionales experimentan una caída aún más pronunciada del 64,2%.
Las transferencias automáticas son esenciales para las provincias, ya que provienen de la recaudación diaria de la AFIP por tributos coparticipables.
Esto implica que los gobernadores conocen de inmediato el impacto en el cierre mensual de las cuentas públicas.
En cuanto a las transferencias por coparticipación, las jurisdicciones más afectadas en enero son Buenos Aires (-14,6%), Salta (-12,4%), y Misiones (-12,2%). La disminución también afecta a Mendoza (-11,7%) y Río Negro (-11,5%), mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-9,7%), La Pampa (-10,9%), San Luis (-11%) y Córdoba (-11,1%) experimentan caídas menos acentuadas. Estas reducciones imponen ajustes obligatorios a las provincias, siendo consecuencia directa de la disminución en la recaudación de impuestos a nivel nacional y local.
Históricamente, estos déficits se cubrían con ayuda del gobierno central, pero actualmente, el panorama podría cambiar, ya que el gobierno evalúa la posibilidad de reducir estas asistencias, según la postura del político Javier Milei.
Estas ayudas se disfrazan bajo la denominación de "transferencias discrecionales" y requieren la aprobación especial del Ministro de Economía y, por ende, del presidente.
Hasta el 28 de enero, las transferencias discrecionales ascendieron a $49.431 millones, representando un aumento nominal del 31,3%, pero ajustadas por inflación, reflejan una contracción del 64,2%.
En este contexto, las jurisdicciones más perjudicadas fueron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Milei destinó $3.551 millones a la Ciudad de Buenos Aires, lo que, ajustado por inflación, supone una disminución del 78,2%. Similar es la situación de la provincia de Buenos Aires, que recibió $14.725 millones, reflejando una contracción del 78,1%, equiparable a la Ciudad.
Córdoba, por su parte, recibió $2.881 millones de manera discrecional, lo que, descontando la inflación, se traduce en una disminución del 43,4%.
Mendoza, también muy afectada, recibió cheques por $1.901 millones, experimentando una caída real del 38,1%.
En un giro curioso, La Rioja, cuyo gobernador Ricardo Quintela amenaza con emitir cuasimonedas, recibió $1.022 millones desde Economía, apenas un 0,9% menos que el año anterior. La única provincia con un saldo positivo al 28 de enero es Misiones, que recibió $2.926 millones, equivalente a un aumento del 6,4%.