Como parte de una robusta estrategia de seguridad y, tras el apoyo de la Justicia en la iniciativa, el Gobierno de Mendoza reactivó los operativos de secuestro de teléfonos celulares en los complejos penitenciarios de toda la provincia.
Esta medida, respaldada judicialmente, implica la re aplicación del protocolo que prohíbe la posesion de los teléfonos celulares dentro de las cárceles de Mendoza. El objetivo principal es fortalecer la seguridad y prevenir comunicaciones no autorizadas que, en ciertas ocasiones, han facilitado la comisión de delitos desde el interior de las prisiones.
Como parte integral de esta política de seguridad, el Ministerio de Seguridad y Justicia, liderado por Mercedes Rus, confirmó la instalación de teléfonos fijos antivandálicos en los diversos penales de la provincia. Unos dispositivos especiales permitirán a los internos realizar llamadas bajo supervisión y emitirán un mensaje automático al receptor informando sobre el origen penitenciario de la comunicación.
En total, se instalarán 110 de estos teléfonos, distribuidos estratégicamente en cárceles como Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte I y II, además de los complejos de Pueblo Diamante y El Cerrito, en el sur provincial.
Para asegurar que los internos mantengan el contacto con sus familias, se han dispuesto canales de comunicación formales y regulados que incluyen visitas presenciales semanales, videollamadas previamente autorizadas (disponibles solo en días hábiles y dentro del horario administrativo), y líneas telefónicas designadas para emergencias, cuyo uso está restringido a contactos previamente aprobados por las autoridades penitenciarias.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se enfatizó que estas modificaciones en los protocolos de comunicación buscan primordialmente mitigar riesgos y establecer comunicaciones seguras dentro del sistema penitenciario.