Así como lo prometió tiempo atrás, en los próximos días el Gobierno nacional oficializará la quita definitiva de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión. Según fuentes oficiales, ese "método de control" implicaba un gasto de 34 millones de dólares al año para el Estado.
Las unidades eran las responsables de inspeccionar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.
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La medida se dispuso luego de que Nación definió remplazar el plan Potenciar Trabajo por otros dos nuevos programas sociales, también con el objetivo central de eliminar la intermediación.
A raíz de esta situación, no se descarta que las organizaciones preparen un plan de lucha para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver el Potenciar Trabajo, las principales críticas del oficialismo estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.
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Las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan "gerentes de la pobreza", controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, "lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia", sostienen en el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello.